(Última Hora, 19/02/2017)

A. Pol. El adosado de ses Olleries demolido esta semana debería llevar seis años derribado. La sentencia judicial que ordenaba su demolición fue dictada en septiembre de 2010 y daba al Ajuntament de Santa Eugènia un plazo de dos meses para ejecutarla, pero la institución municipal la retrasó durante años y hasta trató de legalizar la edificación que debían derribarse. Así lo establece un auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) de octubre del año pasado que los denunciantes, la plataforma vecinal Salvem ses Olleries, han facilitado a Ultima Hora.

Legalización

El TSJIB critica que el Consistorio taujà pretendiera legalizar en 2013 la construcción cuya demolición se había sentenciado mediante el otorgamiento de una licencia. Los magistrados recuerdan que dos autos judiciales de 2013 habían reiterado de nuevo que el fallo de 2010 únicamente podía cumplirse mediante el derribo del adosado, pero que el Consistorio «dio un paso más en el sentido contrario al debido» cuando la junta de gobierno local «de espaldas al juzgado, decidió otorgar otra licencia sobre el mismo inmueble afectado por la demolición pendiente».

Dicha licencia, que el propio TSJIB anuló, estaría encaminada a legalizar la construcción y evitar su derribo. En otros párrafos, la sala del TSJIB dice que el Ajuntament «consintió –pero desobedeció–» resoluciones judiciales.

Xisco Martorell, el alcalde, ratificó ayer que el Ajuntament «no ha podido proceder a la demolición hasta que el juez no aclarara que efectivamente debíamos derribar el adosado». «No hemos retrasado la ejecución», aseguró Martorell.