(Diario de Ibiza, 3/01/2017)

'Agustinet´, preocupado por las posibles consecuencias económicas para el Ayuntamiento

Eugenio Rodríguez. El Colegio de Arquitectos de Balears se resiste a que se dé carpetazo al caso Huerta y ha recurrido el auto de sobreseimiento provisional. El abogado José Ignacio Herrero, que ha representado a los arquitectos hasta el pasado 1 de diciembre, cuando sorpresivamente formalizó su renuncia, presentó el pasado día 30 (dos días después de la notificación del auto) un recurso contra el archivo de la causa. Alega «la indefensión» que provoca a sus defendidos la resolución del proceso sin darles el derecho a que se pueda personar un nuevo letrado que lo sustituya y, si lo considera oportuno, presente escrito de acusación.

Cuando el letrado presentó su renuncia también pidió la suspensión del proceso para dar tiempo a la nueva defensa del colectivo de los arquitectos a personarse, estudiar la causa y actuar según estimara conveniente. Sin embargo, la magistrada decretó el pasado día 21 el sobreseimiento provisional, tal como solicitó la Fiscalía, sin esperar a ello. «Esto ha producido una privación del proceso al que tiene derecho la entidad a la cual, pese a la renuncia, patrocino, con evidente vulneración del Derecho a un proceso con todas las garantías sin que pueda producirse indefensión», alega Herrero.

A su vez, la nueva abogada contratada por el Colegio de Arquitectos presentó ayer mismo un escrito en el juzgado en el que recuerda que el pasado día 27 se presentó la solicitud de su personación en el proceso, coincidiendo con la notificación del auto. Por ello, pide que se le notifique esta resolución para actuar en consecuencia, entre otras cuestiones, dada «la grave situación de indefensión y de vulneración de la tutela judicial efectiva que se produce» al no tenerla por personada de forma inmediata, «máxime cuando el Ministerio Fiscal está solicitando el sobreseimiento de la causa».

Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, admite que, a la espera de conocer si prospera o no el recurso del Colegio de Arquitectos, la decisión de la magistrada de archivar la causa le sabe «muy mal». «Nos quedamos con una sensación un poco frustrante. Pensábamos que del proceso penal saldría algo más contundente, y no el archivo», agrega Marí Ribas. Asimismo, puntualiza que el sobreseimiento provisional «no implica la absolución» de las personas investigadas, sino que «no se ha podido demostrar [su culpabilidad] o no hay suficientes pruebas para determinar la existencia de unos beneficios económicos a través de decisiones que tomaba el Ayuntamiento».

Al fallecer el exarquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, al que la Fiscalía inicialmente situaba al frente de una trama para monopolizar los proyectos urbanísticos que se tramitaban en este Consistorio, se extinguió cualquier responsabilidad penal sobre él, pero hay otras siete personas imputadas.

El alcalde lamenta que el caso Huerta pueda quedar en nada dada «la importancia» de lo que sucedió en lo que califica como «una época muy oscura del Ayuntamiento». La Audiencia Provincial impidió que el Consistorio actuara como acusación popular al considerar que podía ser responsable de los hechos investigados y sólo le permitió actuar como observador sin derecho a participar activamente en el proceso: ni pedir la práctica de pruebas ni la presentación, en su caso, de escrito de acusación.

«Sólo faltaría que además del daño moral el Consistorio sufra un quebranto económico»

Al margen del ámbito penal, el alcalde, Josep Marí Ribas, expresa una vez más su «preocupación» por las posibles consecuencias económicas que puede suponer para el Consistorio la revisión de 26 licencias urbanísticas irregulares informadas en su día por el difunto exarquitecto municipal Antonio Huerta o el exaparejador municipal Julio Blanco. «Sólo faltaría que además del daño moral causado al Ayuntamiento, este sufra un quebranto económico importantísimo como consecuencia de las reclamaciones de indemnización tras la revisión de las licencias mal dadas», advierte.

Marí Ribas considera «más que procedente», por ejemplo, que las construcciones de Cala Molí que invaden una zona protegida ANEI (12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas y 15 piscinas, según la licencia) sean derribadas y la zona recupere su estado original. «Es el caso más claro», apunta. El Tribunal Superior de Justicia confirmó hace ya casi nueve años la suspensión de la licencia, pero no se ha procedido al derribo de las edificaciones sin acabar existentes. Asimismo, al alcalde le preocupa también que la revisión de las licencias irregulares pueda afectar a «terceras personas que actuaron de buena fe». La jueza, a instancias de la Fiscalía, ha requerido al Consell para que revise las licencias y, si procede, tramite los correspondientes expedientes para restablecer la legalidad.