(Diario de Ibiza, 9/12/2016)

El edil de Urbanismo defiende que «se ha cambiado la tendencia» de imponer multas y «dejar de lado» el restablecimiento de la legalidad

Eugenio Rodríguez. El Ayuntamiento de Sant Antoni defiende que ahora, tras el cambio de gobierno, se antepone el restablecimiento de la legalidad urbanística (la legalización de la infracción cometida o, si no ha lugar, el derribo) al cobro de las sanciones. El concejal de Urbanismo, Juanjo Ferrer, de Proposta per les Illes (PI), asegura que con anterioridad a la llegada del tripartito (PSOE, Reinicia y PI) al equipo de gobierno, los expedientes de infracción urbanística «normalmente acababan sólo con una multa y ni siquiera se solía iniciar el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad». «Quedaba un poco abandonado», apunta Ferrer.

El año pasado, los juzgados de lo Contencioso Administrativo número 1 y 3 de Palma anularon el acuerdo de la Junta de Gobierno de Sant Antoni de febrero de 2012 que ordenaba la demolición de diversas construcciones ilegales (se levantaron sin licencia) en una finca de Buscastell (una vivienda, un almacén y una piscina) porque ya había caducado.

El Consistorio requirió a la propiedad la demolición de las obras ilegales e ilegalizables cuatro años después de la apertura del expediente de infracción urbanística, cuando la normativa marca un plazo máximo de un año. El Consistorio, además, ordenó la demolición a instancias de un vecino que denunció reiteradamente las infracciones urbanísticas.

«Es probable que se llegue tarde»

Por ahora, este caso se ha saldado con el pago de una sanción de 25.000 euros, aproximadamente, y sin orden de derribo a pesar de que las obras no se pueden legalizar. El concejal de Urbanismo asegura que, a raíz de la información publicada por este diario, «se ha identificado el caso» y ha dado «instrucciones» para que se inicie de nuevo el expediente de restablecimiento de la legalidad en el caso de que «no haya prescrito». «Es probable que lleguemos tarde», reconoce, no obstante, Ferrer.

El edil de Urbanismo explica que en este mandato se han producido dos demoliciones «importantes» por construcciones en zona protegida (Área Natural de Especial Interés): las ampliaciones de dos viviendas sin licencia. El Consistorio ha dado ya el final de obra del derribo. En todo caso, Ferrer reconoce que se trata de dos expedientes iniciados anteriormente a su entrada en el gobierno. «No me quiero poner yo la medalla», puntualiza.

Ferrer insiste en que «se ha cambiado la tendencia» de «dejar de lado» los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. «Si las obras se han hecho sin licencia lo primero que se debe hacer es que, si no se pueden legalizar, se derriben, que se restablezca la legalidad. Es lo más importante, sin abandonar la sanción. De la otra forma parece que dando la oportunidad de pago [de la multa] ya está bien», justifica.

En el caso de las obras ilegales de Buscastell, el Consistorio alegó en el juzgado que sólo después de cerrar el procedimiento sancionador, que se inició en abril de 2010 (dos años después de la apertura del expediente de infracción urbanística y cuando ya había caducado), estuvo «en condiciones de iniciar el restablecimiento de la legalidad urbanística; es decir, de dictar la orden de demolición.

Sin embargo, una de las dos sentencias apuntadas advertía de que «no es cierto que no pudiera iniciarse o seguirse el procedimiento [de infracción urbanística] hasta después del sancionador, pues uno y otro son independientes y, además, en septiembre de 2009 –antes de iniciarse el expediente sancionador– el arquitecto municipal ya informó de que las obras eran ilegalizables».

Ferrer: «No quiero cargar las culpas sobre nadie»
Hace unas semanas el propio Ayuntamiento pedía que se confirmara la sentencia que anula la orden de derribo

El concejal de Urbanismo de Sant Antoni, Juanjo Ferrer, reconoce que no debería haberse producido la anulación de la orden de derribo de las construcciones ilegales de Buscastell por el tiempo que tardó el Consistorio (cuatro años) en concluir el expediente. En todo caso, Ferrer apunta que como no formaba parte entonces del equipo de gobierno no sabe «los motivos» que provocaron esta situación. «Puede ser que por el exceso de trabajo [del área de Urbanismo] algún asunto quede más atrás que otros. No quiero cargar las culpas sobre nadie sin saberlo, porque el volumen de trabajo es grande», reitera.

Hace unas semanas, y pese a «las instrucciones» dadas para que se reinicie el expediente de restablecimiento de la legalidad, los servicios jurídicos del Ayuntamiento pidieron en el juzgado la confirmación de la sentencia (que ratifica la anulación del derribo). En respuesta a un recurso del denunciante de las obras ilegales (en contra de la sentencia que confirma la anulación del derribo sin más), el Consistorio destacaba que se cumplieron «todas las obligaciones que le imponía la Ley de Disciplina Urbanística» y acordó, aunque fuera de plazo, «la demolición de las obras ilegales».

El Consistorio incluso consideraba «inadmisible en Derecho» que el apelante pretenda no sólo la revisión de esta sentencia, sino de otras tres firmes, dos de las cuales, precisamente, anulan la orden de demolición del propio Ayuntamiento y que este no recurrió.

Sobre esta posición de los servicios jurídicos municipales, Ferrer sostiene que «cuando hay un caso de este tipo el Ayuntamiento intenta defender que ha actuado bien, a no ser que se trate de un caso bastante grave». El concejal reitera que no tenía conocimiento de estas sentencias hasta que la publicó este diario.