(Diario de Ibiza, 25/11/2016)

Juanjo Ferrer desvela que el anterior equipo ordenó no cobrar sanciones cuando ya estaban tramitándose

joan lluís ferrer. El concejal de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni, Juanjo Ferrer, denunció ayer en el transcurso de una rueda de prensa sobre presupuestos que «miembros del anterior equipo de gobierno dieron instrucciones para que no se cobraran sanciones importantes». Ferrer hizo esta afirmación cuando explicaba que parte de las dificultades económicas que arrastra el Ayuntamiento se deben a sanciones que nunca han llegado a ser cobradas.

En concreto, y según explicó posteriormente Ferrer, «algún concejal» del equipo de la exalcaldesa Pepita Gutiérrez habría ordenado a los servicios técnicos del Ayuntamiento que dejaran de tramitar una sanción abierta contra una empresa de materiales de construcción situada a la entrada del casco urbano –Big Mat– por haber ampliado sus instalaciones de forma ilegal.

La sanción impuesta por esta infracción urbanística alcanzaba los 230.000 euros, precisó Ferrer. El denunciado había presentado un recurso judicial contra la sanción, que todavía no ha sido resuelto, pero a pesar de ello desde el equipo de gobierno se ordenó que se dejara sin efecto la multa, relató el concejal de Urbanismo y Actividades, quien aseguró haber conocido estos hechos directamente por el testimonio del empresario sancionado.

Cuenta embargada

El nuevo equipo de gobierno, en vista de que se iban a perder estos ingresos, decidió embargar una cuenta corriente del empresario, de la que sólo se han podido recuperar unos 9.000 euros de los 230.000 que debía pagar el infractor.

Juanjo Ferrer confirmó que no existe en el Ayuntamiento acto administrativo alguno que ampare la decisión del anterior equipo de gobierno de dejar sin efecto la tramitación de esta sanción económica.

Por otra parte, una situación parecida se ha detectado con dos sanciones impuestas a un conocido hotel-discoteca del casco urbano, el Ibiza Rocks. Dicho establecimiento fue objeto de una multa por importe de 21.000 euros y otra por valor de 22.000 euros en concepto de ruidos. Sin embargo, el nuevo equipo de gobierno progresista se dio cuenta, cuando sólo faltaban dos días para que prescribieran estas multas, de que no se habían cobrado aún. Por ello, pudo reactivarse a tiempo el expediente y continuar con el proceso que ha de conducir al cobro de estas cantidades, indicó Juanjo Ferrer. El edil, sin embargo, no pudo confirmar si el dinero se ha recaudado ya o no.

«No había seguimiento»

El concejal de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni expresó su temor de que estos no sean los únicos casos de sanciones que estén quedando sin ingresar en las arcas municipales, puesto que «no se hacía un seguimiento de los expedientes» y a menudo se dejaban morir sin que el infractor llegara a pagar. De hecho, los propios concejales del anterior mandato municipal, confirmaban en los plenos la bajísima proporción de denuncias abiertas por la Policía Local que acababan en multa.

Juanjo Ferrer y el concejal de Hacienda, Fran Tienda, explicaron que es su intención reactivar la efectividad de la tramitación de los expedientes sancionadores, puesto que se trata de una fuente de ingresos para el Ayuntamiento, afectado por graves estrecheces económicas derivadas de sus elevada deuda, que el equipo de gobierno trata de ir reduciendo.