(Menorca, 25/11/2016)

El ente de legalidad urbanística en rústico ha cobrado solo un 5% de las sanciones impuestas desde su creación

Javier Gilabert. El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico acumula, desde su creación en 2005 y hasta el cierre del año pasado, un total de 733.600 euros en multas pendientes de cobrar, 675.835 euros correspondientes a ejercicios anteriores a 2015 y otros 57.765 relativos al año pasado, según figura en la liquidación contable de 2015, año en que el ente manejó un presupuesto de 255.000 euros, prácticamente un tercio de las cantidades que tiene derecho a ingresar.

La documentación de la liquidación contable del ente, presente en las Cuentas Generales del Consell del último año cerrado –que se encuentran en exposición pública– muestra como de los 675.835 euros pendientes de cobrar de ejercicios anteriores a 2015 casi la mitad, 324.044 euros, son considerados de «difícil o imposible cobro». El cálculo está realizado basándose en los criterios de la Ley Montoro, que obliga a realizar una previsión de lo que dudosamente se podrá cobrar atendiendo a la antigüedad de las infracciones pendientes.

Previsión optimista

No obstante, el informe de Intervención advierte de que esos criterios marcados, encaminados a realizar previsiones reales de tesorería, son «de mínimos» y que la cantidad resultante de su aplicación «puede considerarse optimista», lo que da a entender que el porcentaje de las sanciones que difícilmente se podrán cobrar sería superior de aplicarse criterios propios del Consorcio, como recomiendan desde Intervención.

La relación de sanciones por infracciones urbanísticas anteriores a 2015 muestra un total de 37 multas impagadas, referentes a expedientes que se remontan hasta el año 2001 (aunque el Consorcio se creó en 2005 heredó algunos expedientes de los ayuntamientos). Así, se contabilizan sanciones referentes a los años 2002, 2003 y 2004, aunque es 2006 el año que acumula más infracciones impagadas, un total de ocho. Los importes de las multas se mueven en una horquilla que va de los 51,94 euros hasta los 78.791 euros.

Esos 733.600 euros pendientes de cobro por multas urbanísticas en suelo rústico contrastan con las cantidades que efectivamente se ha logrado ingresar, en total 38.449 euros, lo que supone un porcentaje de recaudación de las sanciones impuestas que no supera el cinco por ciento. Según figura en la liquidación de 2015, el año pasado se lograron ingresar 15.517 euros, mientras que en los años anteriores se ingresaron 22.932 euros.