(Diario de Ibiza, 24/11/2016)

La fiscal desecha los testimonios de algunos arquitectos por el hecho de que el órgano colegiado no abrió expediente disciplinario ni declaró incompatibles los proyectos de Fernández en Sant Josep

Eugenio Rodríguez. La Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos aún no aclara qué criterio adoptará en el caso Huerta: si presentará escrito de acusación contra los imputados, o algunos de ellos, o si seguirá el ejemplo de la Fiscalía y pedirá el archivo de toda la causa.

La primera reacción de los arquitectos de las Pitiusas a la decisión del Ministerio Público de pedir el sobreseimiento del proceso fue de «sorpresa», pero su presidente, Iván Torres, dijo que no se podía pronunciar sobre ello hasta la semana que viene, cuando se reúna la junta de gobierno del órgano colegiado para analizar el contenido del informe de la fiscal y decidir qué camino seguir.

El Colegio de Arquitectos ejerce la acusación particular. Tras una denuncia inicial del grupo ecologista GEN-GOB sobre unas obras en Cala Molí, los arquitectos ampliaron la causa para tratar de atajar el monopolio que, según estos, presuntamente mantenía Huerta en Sant Josep con la ayuda de su entorno pese a ser incompatible con su función pública. Para ello, en marzo de 2003 presentaron en el juzgado una grabación de vídeo y audio efectuada por una agencia de detectives en el que se constataba «indiciariamente», según la fiscal, cómo Huerta utilizaba su condición de arquitecto municipal para la venta y promoción de terrenos en Sant Josep.

Testimonios de arquitectos

Diversos miembros del Colegio de Arquitectos declararon como testigos durante la instrucción y, según relata la fiscal, «algunos de ellos pusieron de relieve el descontento y las quejas sobre la situación que se daba en Sant Josep con el monopolio del entorno de Huerta en la presentación de proyectos». Algunos testigos apuntaron las similitudes entre los proyectos que se presentaban con los que antes de ser arquitecto municipal firmaba Antonio Huerta.

Una exempleada del despacho de Huerta dijo que era el exarquitecto municipal quien en realidad diseñaba los proyectos, pero que los firmaban otras personas, como la que era entonces la pareja sentimental de su hijo, Pilar Fernández, también imputada en la causa. Sin embargo la fiscal desecha este testimonio porque fue despedida y, además, nunca se la dio de alta en la Seguridad Social. «Existen dudas acerca de la verosimilitud de su declaración», argumenta la representante del Ministerio Público.

Del mismo modo, la fiscal destaca que un miembro de la oficina Deontológica del Colegio de Arquitectos declaró en julio de 2008 que los proyectos que presentaba Fernández «no eran rechazados por incompatibilidad, razón de más», resalta en su informe, «para no dar apoyo a las declaraciones anteriores, ya que pudiendo hacerlo no lo hicieron ni tampoco se le abrió expediente disciplinario [a Fernández] por estos hechos».

Antonio Huerta, que falleció el pasado mes de enero, ejerció de arquitecto municipal en Sant Josep entre julio de 1996 y diciembre de 2006, cuando dimitió, días después de que este diario divulgara el contenido del audio y vídeo grabado por los detectives contratados por el Colegio de Arquitectos.

Durante un periodo de seis años, según relata la fiscal, la pareja del hijo del arquitecto municipal presentó 52 proyectos en Sant Josep, entre ellos el de Cala Molí y Cala Carbó cuyas obras fueron paralizadas por diversas irregularidades. El propio Huerta, pese al vínculo familiar con la autora del proyecto, hizo informes sobre el de Cala Carbó.

Cambios de fiscales

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep está personado en la causa, pero sólo como observador, sin capacidad para pedir diligencias. En su día, el juzgado rechazó que pudiera ejercer la acusación popular al entender que durante la instrucción de la causa se podría deducir alguna responsabilidad de la Administración. Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento, según fuentes judiciales, podría solicitar de nuevo ejercer la acusación popular si considerase oportuno presentar escrito de acusación. Aún no se ha tomado ninguna decisión.

La Fiscalía destaca en su informe la larga duración de la instrucción (más de 10 años) con «el efecto negativo» que esto supone, además de algunos «errores», como en el cálculo de los ingresos de las sociedades vinculadas a la familia Huerta, cometidos durante la investigación. El Ministerio Público cree, entre otras cosas, que no hay pruebas suficientes, sólo «meras sospechas», para sentar en el banquillo de los acusados a los imputados.

La fiscal que entiende que el caso se debe cerrar sin consecuencias no es la que impulsó la investigación. Además de por las manos de diversos fiscales, la larga instrucción también ha sufrido diversos cambios de jueces. 

El exaparejador municipal, exculpado de prevaricación

La Fiscalía pide el sobreseimiento de la causa para todos los investigados, entre ellos el exaparejador municipal Julio Blanco, ya jubilado, al que se le imputaba supuestamente un delito de prevaricación por haber informado a favor de la construcción de una urbanización en Cala Molí sin tener en cuenta que una parte invadía una zona protegida (ANEI). Cuando se paralizaron las obras, Blanco asumió «el error», que atribuyó a que el Plan Parcial, de 1991, recogía que la zona afectada por la ANEI era urbana. Pidió un dictamen jurídico para aclarar si se podía considerar o no urbano.

La fiscal sostiene que para la comisión de un delito de prevaricación «no basta una mera irregularidad urbanística o discordancia interpretativa de las normas». Por ello, entiende que se debe archivar.

Sí pide al Consell que abra expediente para restablecer la legalidad por la vía administrativa de 18 licencias irregulares informadas por Blanco cuyos expedientes fueron requisados durante el registro del Consistorio. La fiscal apunta que estos casos no se pueden instruir por la vía penal porque habría prescrito.