(Diario de Ibiza, 18/10/2016)

La propiedad aún puede recurrir, pero Sant Josep proclama su voluntad de «dar todos los pasos necesarios» hasta la demolición

Joan Lluís Ferrer. El largo camino hacia la demolición de las construcciones ilegales de Casa Lola, en el cruce de los caminos que van a es Cubells y Porroig, en Sant Josep, dio ayer un nuevo paso con la sentencia emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma en la que rechaza el recurso presentado por la propiedad contra la orden de demolición dictada en su día por el Ayuntamiento. La resolución no es aún firme, pues puede ser recurrida ante instancias superiores, pero el equipo de gobierno, a través de su concejal Ángel Luis Guerrero, proclamó su voluntad de «seguir dando los pasos necesarios para restaurar la legalidad infringida».

La sentencia establece que deben demolerse ocho dependencias en planta baja que suman 933 metros cuadrados, así como 342 metros cuadrados de terrazas cubiertas, 414 metros cuadrados de terrazas descubiertas, dos piscinas de 84 y 68 metros cuadrados de espejo de aguas, respectivamente; una cisterna en construcción de 36 metros cuadrados, varios muros de cierre de la parcela y divisiones interiores. En total, las construcciones que deben derribarse suman casi 2.000 metros cuadrados de superficie. Ninguna de ellas contaba con la correspondiente licencia de obras.

La empresa Inversiones Hoteleras El Faro, SL, que dirige la empresaria Paquita Sánchez Ordóñez, alegó para reclamar la nulidad de la orden de derribo el hecho de que el Ayuntamiento había tramitado dos expedientes sancionadores por el mismo caso, lo que considera ilegal. Según su abogado, además, el procedimiento habría caducado por haberse superado los plazos de las notificaciones efectuadas y también alegaba irregularidades en la valoración de las obras construidas.

Procedimiento legal

El juez desmonta todos y cada uno de estos argumentos. Niega que haya duplicidad de expedientes sancionadores «ya que el objeto de cada uno es diferente», y recuerda que la propietaria «ha actuado de forma obstruccionista y sin cumplir la legalidad, lo que ha obligado incluso a trasladar la cuestión a la vía penal, al haberse continuado las obras y roto los precintos reiteradamente».

La sentencia detalla pormenorizadamente las fechas durante las que se tramitaron las notificaciones para llegar a la conclusión de que «no se superó el plazo máximo, dadas las supensiones del procedimiento que se produjeron». Esas interrupciones del plazo se debieron, precisamente, por la rotura de los precintos y el inicio de la vía penal.

En cuanto a la valoración de las obras, la sentencia considera que «este es un tema que no tiene nada que ver con el objeto del presente litigio, relativo al restablecimiento de la legalidad urbanística».

Ahora, la empresa promotora debería presentar al Ayuntamiento el correspondiente proyecto de demolición para su aprobación, tal y como establece la ley. Sin embargo, el concejal de Urbanismo dio ayer casi por seguro que la propiedad continuará recurriendo la orden de demolición, lo que retrasará la ejecución de la misma.

«Todos los pasos necesarios»

«Los temas judiciales van más lentamente de lo que querríamos, pero lo importante es que el Ayuntamiento actúa y seguiremos dando todos los pasos necesarios para restaurar la legalidad en esta finca», explicó Ángel Luis Guerrero tras conocer la sentencia.

Si finalmente la empresa ve rechazados todos los recursos a su alcance, debería demoler todo lo construido sin licencia, pero, en caso de no hacerlo, el Ayuntamiento podrá ejecutarlo con sus propios medios.

Posteriormente, le cargaría los costes de los trabajos, tal y como ya sucedió en el caso de la vivienda de Puig d'en Serra, que acabó siendo derribada por el Ayuntamiento de Sant Josep ante la resistencia de su propietario a hacerlo.