(Diario de Ibiza, 15/10/2016)

El Ayuntamiento fue condenado a actuar contra un almacén de hierro por las molestias a los vecinos

Alberto Ferrer. El Ayuntamiento de Santa Eulària tramita la demolición, que ejecutará de forma subsidiaria, de los restos de un almacén de hierro instalado en Can Negre durante años, después de que una sentencia del juzgado de lo Contencioso de Palma obligara a finales del año pasado a actuar contra la propiedad para acabar con la grave contaminación acústica que generaba esta industria en esta zona.

Fue un vecino quien llevó el caso a los juzgados tras la desestimación «por silencio» en 2011 de un escrito de queja ante el Ayuntamiento. Este denunciante aseguraba que incluso se veía obligado a abandonar su vivienda por la intensidad del ruido causado por la descarga y el corte de hierro en la herrería. El fallo expone que la exposición prolongada a unos niveles «insoportables» de ruido merece la «protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar» en su domicilio, sobre todo si esta es imputable «a actos u omisiones de entes públicos», como establece que es el caso. El juez también considera «una doble vulneración» que el afectado se viera forzado a dejar su casa por las molestias que sufría.

El Ayuntamiento argumentó en su defensa que tramitaba un expediente de infracción urbanística para la demolición de la nave. Pero el juez establece que «no consta actuación alguna» para evaluar los ruidos que emitía la industria denunciada ni comprobó que contara con las licencias de actividad que ampararan su funcionamiento.

La herrería afirmó que tenía una licencia municipal para almacenar hierro en el solar desde 1990, pero el juez critica que Santa Eulària no realizó «la mínima labor jurídica» para determinar si este permiso amparaba «la actividad de construcción de estructuras metálicas, la de corte y la de soldadura» que se producían en el terreno. Por ello acusa al Consistorio de «una apariencia de actividad que encubre una verdadera inactividad», con actuaciones que el magistrado juzga «completamente insuficientes para lograr el fin perseguido» de velar por los derechos del denunciante.

Por todo ello, la sentencia obliga al Ayuntamiento a ordenar el cese de la actividad si carece de licencia. En caso de tenerla, el Ayuntamiento debía instar a adoptar las medidas para evitar ruidos y clausurar el negocio o el foco de contaminación acústica hasta que se dieran las condiciones. Desde el Ayuntamiento explicaron ayer que tras el traslado de la herrería a un polígono industrial dan por erradicado el foco de contaminación acústica, como se ha constatado «tras una inspección técnica».

Un portavoz municipal recordó que la justicia ha resuelto los recursos interpuestos contra la demolición de la herrería y que el Ayuntamiento ha sido autorizado a ejecutarla de forma subsidiaria.

Durante este largo procedimiento, los propietarios han retirado ya del solar «parte de la estructura», una nave abierta sin paredes, pero aún quedan elementos que desde el Consistorio también creen que «deben ir fuera». Por ello los técnicos municipales trabajan en el proyecto de derribo, cuyo coste se exigirá luego a la empresa infractora.