(Menorca, 27/07/2016)

La alcaldesa, Montse Morlà, avanza que el Ayuntamiento acudirá al Tribunal Supremo

Toni Seguí. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha confirmado el derecho de Luis Anglés Hernández a ser indemnizado por el Ayuntamiento de Sant Lluís, en relación a la vivienda construida en terrenos de Binifadet Nou que fue demolida por orden judicial en enero de 2013, al haber anulado la licencia de obras por no ajustarse a la legalidad urbanística.

La sentencia dictada, que estima parcialmente el recurso de apelación presentado por Luis Anglés contra una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma, señala que la cuantía de la indemnización deberá fijarse en el trámite de ejecución de la sentencia. En este sentido cabe señalar que el apelante presentó en su día una reclamación por importe de 1,8 millones de euros.

La sentencia recoge que la indemnización comprende «los honorarios del proyecto y dirección de obras, las tasas municipales de expedición de la licencia, los gastos de declaración de obra nueva, los gastos de naturaleza financiera, las cesiones, los costes de la obra ejecutada y del material no utilizable, los gastos de demolición y el lucro cesante, sin que en éste quepa incluir las meras expectativas».

El límite temporal para el abono de esos gastos queda fijado hasta el 30 de mayo de 2006, cuando el Consorcio para la Disciplina Urbanística en Suelo Rústico incoó el expediente para ejecutar la demolición de la vivienda en construcción, tras conocer la sentencia de marzo de 2006, que fue confirmada en 2008. Por otra parte, el TSJB señala que los gastos de demolición deben excluirse de la indemnización en el supuesto de que hubiera sido asumida por el Ayuntamiento, como así ocurrió realmente.

El Ayuntamiento acudirá al Tribunal Supremo

La alcaldesa de Sant Lluís, Montse Morlà, aseguró ayer que el Ayuntamiento presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, debido a que el equipo de gobierno está disconforme con la fecha límite para contabilizar los gastos y cuestiona que Anglés presentara la reclamación patrimonial cuando ya había vendido la vivienda, entre otros aspectos.