(Diario de Ibiza, 30/05/2016)

Santa Eulària expresa sus dudas sobre la eficacia de unificar la persecución de las infracciones bajo la tutela del Consell y Sant Joan mantiene su oposición a esta iniciativa A Vila le parece bien «a priori» pero recuerda que su municipio, sin apenas suelo rústico, no tiene nada que ver con el resto

e. rodríguez | ibiza. ­Algunos lo tienen más claro que otros, pero de entrada, salvo Sant Joan, los ayuntamientos de la isla no se cierran en banda a la constitución de un consorcio insular u otro organismo para unificar, bajo la tutela del Consell, los medios para perseguir las ilegalidades urbanísticas. Sant Josep y Sant Antoni son los que apuestan más claramente por ello. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, del PSOE, admite que hace siete años cuando el anterior gobierno progresista planteó esta posibilidad, «no era muy favorable», pero que ha cambiado de idea.

«Y no es por una cuestión política porque se supone que entonces también gobernaban los míos», apunta.

El concejal de Urbanismo de Sant Antoni, Juanjo Ferrer, recuerda que su partido (Proposta per les Illes, aunque gobierna con PSOE y Reinicia) llevaba esta cuestión en su programa electoral. Ambos, Marí Ribas y Ferrer, coinciden por encima de todo en la falta de medios que tienen los ayuntamientos para perseguir la indisciplina urbanística y que, por tanto, por una cuestión «práctica» se tiene que explorar esta posibilidad.

La consellera insular de Territorio, Pepa Marí, dijo recientemente que pretende avanzar en este asunto en el segundo semestre de este año.

Marí considera que un consorcio, u otra fórmula aún por definir, reducirá costes y aumentará la eficacia en la lucha contra las ilegalidades urbanísticas. Tampoco descarta mancomunar la gestión de esta competencia solo con aquellos ayuntamientos que voluntariamente quieran hacerlo.

Cuando durante el anterior gobierno de la izquierda en el Consell (2007-11) el entonces conseller de Territorio Miquel Ramón trató de impulsar un consorcio de disciplina como en Menorca se encontró con «el celo» de los ayuntamientos a ceder competencias a la institución insular. En ese momento, el PP gobernaba en Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Joan.

El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, del PP, no se ha movido ni un milímetro de la posición que ya mantenía entonces, contraria a unificar la disciplina urbanística de la isla bajo la tutela del Consell. «No he cambiado de opinión. No soy partidario de la cesión de competencias ni tampoco veo la necesidad o conveniencia de crear un consorcio de este tipo», apunta, al tiempo que señala que las experiencias similares que se han desarrollado en otros sitios «no han funcionado demasiado bien».

«Hay que estudiar la letra»

El concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Mariano Juan, del PP, admite que la idea del nuevo gobierno del Consell es «buena», pero acto seguido puntualiza que quizá no «la letra», y que, por tanto, habría que «estudiarla». «Crear otro organismo con más funcionarios quizá no es la manera», apunta. En todo caso, también reconoce que «faltan recursos y disciplina urbanística», aunque su municipio, defiende, es el que «más la practica». Por ello, Juan señala que en lugar de constituir un consorcio, los ayuntamientos podrían firmar convenios con el Consell para aumentar los recursos humanos u obtener asesoramiento técnico para la tramitación de expedientes. «Cuantas menos administraciones y más simplificadas estén las cosas, se suele funcionar mejor. Estamos a la espera. No quiero fijar una posición porque no hay una propuesta concreta», señala.

Por su parte, el primer teniente de alcalde de Vila, Alfonso Molina, del PSOE, también considera «correcta» la idea de unificar servicios al objeto de abaratar costes y mejorar la eficiencia en su prestación, aunque puntualiza que habría que «trabajarlo bien» (el funcionamiento) puesto que las características de Vila, donde prácticamente no hay suelo rústico, son «muy distintas» a las del resto de municipios. «Como concepto, lo compro. A priori no me parece mala idea, pero se tendrían que respetar las necesidades de Vila, que son muy particulares», insiste.
Así, Molina lanza la posibilidad de que el consorcio se circunscriba solo a la disciplina urbanística en suelo rústico, que hay que «proteger con más intensidad», y Vila participe en «la pequeña parte» que le corresponde.

El alcalde de Sant Josep asegura que siempre ha sido «un defensor de las competencias municipales» y que lo sigue siendo, pero que, de las conversaciones que ha mantenido con la consellera, se desprende que el Consell quiere que los ayuntamientos participen del consorcio.
«Además me convencen las dificultades que tenemos para aplicarlo y hay que ser prácticos. Prefiero que haya disciplina urbanística, aunque no la lleve yo, a que no la haya. Soy municipalista pero sobre todo práctico», subraya.

La conversión de 'Agustinet'

El alcalde de Sant Josep admite que ha cambiado de posición. El alcalde de Sant Josep reconoce que hace unos años no era favorable a este consorcio y que ahora ha cambiado de idea, pero «no por una cuestión de colores políticos», sino porque la propuesta del Consell contempla que los ayuntamientos participen del nuevo ente y por «las dificultades» que tienen, pro falta de recursos, para ejercer esta competencia. «Soy municipalista pero sobre todo soy práctico», se autodefine Marí Ribas.

La oposición del PP

Santa Eulària y Sant Joan se mantienen aún reacios. Santa Eulària y Sant Joan mantiene sus reticencias a la propuesta del Consell. Mientras Sant Joan se opone frontalmente a la unificación de este servicio bajo la tutela del Consell, Santa Eulària no se cierra en banda, aunque tiene muchas dudas. Ambos coinciden, además, en que experiencias similares en otros sitios «no han funcionado bien». El Consell no descarta hacerlo solo con los ayuntamientos que quieran participar.

Déficit de medios para perseguir ilegalidades

e. r. | ibiza El alcalde de Sant Jose, Josep Marí Ribas, considera que la creación de este órgano sería «un paso adelante importante» porque «la indisciplina urbanística es algo histórico que aún se produce». «Y los ayuntamientos, con las actuales restricciones presupuestarias y de contratación de personal, nos vemos incapaces de controlar», dice.

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Sant Antoni, Juanjo Ferrer, también indica que con solo una inspectora (también para Actividades), pese a que haga «un trabajo fantástico, no se puede llegar a todo». «Ni cuando alcanza, la tramitación de los procedimientos [con tan solo una jurista también] no son lo suficientemente ágiles para hacerse cargo bien de la disciplina. Cualquier ayuda será bienvenida», resalta Ferrer.