(Diario de Ibiza, 6/0572016)

El propietario acepta el derribo voluntario de las obras ilegales, que tenían licencia municipal

j. ll. ferrer | ibiza. ­El propietario de la finca ecuestre de Sant Rafel, construida en gran parte de forma ilegal según han acreditado los tribunales, procederá antes de un mes y medio al derribo de dependencias que suman 1.107 metros cuadrados, después de que el Ayuntamiento aprobara el pasado día 13 de abril el proyecto de demolición que él mismo presentó.

Se trata –probablemente por primera vez en la historia urbanística de Ibiza– de una demolición de gran porte que lleva a cabo de forma voluntaria el propio infractor. Los 1.107 metros cuadrados de superficie que deberá suprimir se reparten entre un sótano de 536 metros cuadrados, un semisótano de 396 y una dependencia en la planta baja de 174, según confirmó ayer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Antoni, Juanjo Ferrer.

La normativa establece que las obras deben ejecutarse en el plazo máximo de dos meses a partir de la aprobación de la licencia de derribo, que fue aprobada en junta de gobierno el pasado 13 de abril.

Sentencia de 2012

En 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) emitió una sentencia en la que se declaró nula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en mayo de 2000, cuando era alcalde Antonio Marí Tur, para la construcción de un edificio social en esta finca caballar. El principal motivo de la anulación fue que el Ayuntamiento no obtuvo el preceptivo permiso previo de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell, que debía haberle concedido la declaración de Interés General por encontrarse en suelo rústico. El edificio social albergaba en realidad una vivienda y, además, se excedió el volumen de obra previsto. La licencia de actividad otorgada por el Ayuntamiento fue igualmente anulada.

Sala de trofeos y biblioteca

La resolución del TSJB afirmaba: «Sea o no el edificio social un edificio que en la actualidad tenga en parte la condición de residencia del promotor, lo que es indudable es que no constituye una edificación vinculada a la explotación agropecuaria, porque para un negocio de esta condición ni es preciso ni es indispensable una sala de trofeos o una biblioteca», que son algunas de las dependencias que incluye el inmueble y que ahora deberán sucumbir bajo la acción de las excavadoras.

El dueño de la finca se vio envuelto en un escándalo cuando fue detenido en mayo de 2012 por la Policía acusado de una presunta estafa millonaria.

Reactivan el derribo de una casa en Sant Mateu

j. ll. f. | ibiza El Ayuntamiento de Sant Antoni tiene previsto reactivar la orden de derribo cursada durante el anterior mandato municipal para una vivienda construida de forma ilegal en el interior de un Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP), protegida por la Ley de Espacios Naturales (LEN), en el Pla de Sant Mateu. Pese a que el Ayuntamiento comprobó su ilegalidad, ordenó el derribo y el propio dueño admitió la infracción, el anterior equipo de gobierno nunca llegó a materializar la demolición. Ahora, el concejal Juanjo Ferrer admite también que no habían reparado en este expediente, por lo que «se insistirá en la orden de demolición» y, si el dueño no la lleva a cabo, «lo hará subsidiariamente el Ayuntamiento» para luego pasarle la factura. El promotor, que vive en la casa con su hijo tetrapléjico, ha justificado siempre la infracción por su deseo de dar los adecuados cuidados a su hijo discapacitado, si bien los técnicos comprobaron que la casa está llena de obstáculos arquitectónicos.