(Diario de Ibiza, 8/04/2016)

El Colegio de Arquitectos celebra que se haya cerrado la instrucción, pero sostiene que aún no ha decidido si presentará escrito de acusación

e. rodríguez | ibiza ­La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ha rehusado pronunciarse sobre la reciente solicitud de archivo presentada por cuatro de los siete imputados en el caso Huerta, el difunto exarquitecto municipal de Sant Josep, y ha cerrado la instrucción a la espera de que la Fiscalía y las acusaciones (el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears y el Ayuntamiento de Sant Josep) soliciten la apertura de juicio oral formulando el correspondiente escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

A causa de la defunción a principios de año de Antonio Huerta Briz, el pasado 3 de febrero la magistrada acordó el archivo de las actuaciones por extinción de responsabilidad penal respecto al exarquitecto municipal, el principal implicado en la causa. A finales de enero, la defensa del hijo de Huerta (Antonio Huerta Chamorro), su compañera (Pilar Fernández), y la viuda del exarquitecto municipal (Rosario Chamorro) solicitó también a la juez el sobreseimiento de la causa para ellos. También lo hizo una semana antes el letrado del empresario Alberto Torres, pero la juez instructora ha considerado que no procede hacer un pronunciamiento expreso sobre dichas peticiones a la espera de que las acusaciones decidan si presentan escrito de acusación.

El exaparejador municipal de Sant Josep Julio Blanco, el promotor Raimund Gunther, socio del hijo de Huerta, y el concejal de Urbanismo, Josep Marí Ribas, Reganes, del PP, completan la lista de imputados en la causa. A estos se les atribuye su supuesta participación, según el caso, en hasta seis delitos: contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, blanqueo de capitales y cohecho.

La posición de los arquitectos
El presidente de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos de Balears, Iván Torres, asegura que es «bueno para todos» que la causa haya entrado en su recta final después de 10 años de instrucción. Torres asegura que el colectivo que representa tiene que abordar aún con su abogado si finalmente va a pedir que se celebre juicio contra los siete imputados. Sostiene que, con su denuncia y personación en la causa, el Colegio de Arquitectos pretendía «básicamente» cortar la trama por la que supuestamente el exarquitecto del Ayuntamiento de Sant Jose empleaba su entorno familiar para monopolizar los proyectos urbanísticos del municipio en el que desempeñaba su función pública. «Que dejase de suceder eso», apunta Torres.

Por su parte, el abogado del empresario Alberto Torres asegura estar «un poco decepcionado» por la negativa de la juez a archivar la causa para su defendido, aunque, a su vez, admite estar «contento o aliviado» porque «por fin» después de «cinco años de estancamiento» (el tiempo que lleva Torres imputado en la causa) «el procedimiento va adelante».

En este sentido, el letrado Salvador Ferrer recuerda que la causa estaba «completamente parada», ya que, salvo los informes urbanísticos pendientes (el peritaje de casi 40 expedientes vinculados con la trama ha tardado dos años), ya se había desplegado «el resto de actuaciones instructoras», la mayoría, resalta, impulsadas por él para tratar de demostrar «la falta de responsabilidad penal» de Torres en los hechos que se le imputan.

El abogado considera que las pruebas que hay en contra de su defendido son «muy endebles» para sostener cualquier tipo de acusación. Ferrer señala que, aunque la juez ha eludido pronunciarse sobre la petición de archivo para evitar «un juicio racional de las pruebas», en la práctica, «supone su rechazo».

A Alberto Torres se le atribuye un posible delito de cohecho y su cooperación en la supuesta comisión de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios «al negociar con Huerta Briz», según el relato de la juez, el final de obra de la urbanización de Cala Molí que invadía una zona protegida a cambio de la posterior contratación de su despacho [el de Huerta y su hijo] para la ejecución de «otros proyectos de envergadura» fuera de Sant Josep.

La comida de Cala d´Hort
El presunto pacto se llevó a cabo en una comida en Cala d´Hort, en la que también participó el entonces concejal de Urbanismo, Josep Marí Ribas, Reganes. El abogado de Torres recuerda que los asistentes a la comida negaron en su declaración ante la juez que se hubiera producido dicho acuerdo apuntado, salvo un antiguo encargado de obras de Torres, quien, según el letrado, se ha movido en este caso por «intereses espurios y económicos». «Lo más curioso, y así se ha acreditado, es que no se concedió el final de obra porque el Ayuntamiento indicó que se tenían que subsanar determinadas deficiencias», indica. El letrado recuerda que el exempleado tuvo que entrar en prisión para cumplir una pena de un año por cometer un fraude contra Torres y el impago de una indemnización.