(Diario de Ibiza, 7/04/2016)

Emplaza a la Fiscalía y a las partes para que presenten escrito de acusación o pidan el archivo, paso previo al posible juicio

eugenio rodríguez | ibiza ­Algo más de 10 años después de que se iniciara (octubre de 2005) la investigación judicial del llamado caso Huerta, el difunto exarquitecto municipal de Sant Josep, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ha cerrado el proceso de instrucción y ha emplazado al Ministerio Fiscal y a las partes (la defensa de las siete personas imputadas, el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears y el Ayuntamiento de Sant Josep) a que presenten escrito de acusación o pidan el sobreseimiento, el paso previo a que decrete o no la apertura de juicio oral.

La juez acordó el pasado 3 de febrero el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por extinción de responsabilidad penal por fallecimiento respecto a Antonio Huerta Briz, el principal implicado en la supuesta trama delictiva investigada. No obstante, la magistrada mantiene la imputación, tras dar por finalizadas las diligencias previas, de siete personas: el hijo del exarquitecto municipal (Antonio Huerta Chamorro) y la compañera de este (Pilar Fernández), ambos arquitectos también, la esposa de Huerta (María del Rosario Chamorro), el ex aparejador municipal Julio Blanco, el ex concejal de Urbanismo Josep Marí Ribas, Reganes, Raimund Gunther (socio del hijo de Huerta) y el empresario Alberto Torres.

Del resultado de la instrucción, la magistrada señala, «sin ánimo de prejuzgar», que durante el periodo en que Antonio Huerta ejerció de arquitecto municipal en Sant Josep (entre 1996 y finales de 2006) habría seguido trabajando personalmente o a través de su entorno familiar y profesional (su hijo y su compañera sentimental y empresas vinculados con estos) en este municipio «vulnerando el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos».

Hasta seis delitos
Los hechos investigados podrían ser constitutivos de hasta seis delitos: contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, blanqueo de capitales y cohecho.

En concreto, la magistrada expone que Pilar Fernández, a través de la empresa Keltike S. L., y el hijo de Huerta prestaron «apoyo personal y profesional» al ex arquitecto municipal «firmando proyectos que en realidad eran suyos pese a estar vinculados al municipio en el que ejercía su función pública», lo cual podría ser constitutivo de los delitos de prevaricación urbanística y negociación prohibida a funcionarios, en los que Fernández y Huerta hijo habrían actuado supuestamente como cooperadores necesarios.

Ambos y María del Rosario Chamorro podrían haber actuado también como cooperadores necesarios de un presunto blanqueo de capitales al formar parte, según indica el auto judicial, de las empresas usadas para «dar apariencia de legalidad a los beneficios ilícitamente obtenidos» por el exarquitecto municipal.

Informes favorables de Blanco
El exaparejador municipal Julio Blanco podría ser acusado de los delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación por presuntamente «haber informado a favor de la concesión de licencias que incumplían la normativa urbanística e invadían espacios protegidos». La juez entiende que Fernández sería cooperadora necesaria al ser autora de los proyectos afectados.

La magistrada considera que el hecho de que el exarquitecto municipal de Sant Josep informara a favor de las licencias para la construcción de cuatro adosados en Cala Vedella en terrenos propiedad de la entidad Euroconsult y Trading S.L., de la que, según dice en el auto, eran socios Antonio Huerta Ruiz [sic] y Raimund Gunther, podría ser constitutivo de los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. En este caso, Gunther habría actuado como cooperador necesario. Este diario ha comprobado a través del registro mercantil que es el hijo del exarquitecto municipal (Huerta Chamorro) el que ha figurado siempre como administrador mancomunado, y no su difunto padre, en dicha sociedad.

En cuanto al empresario Alberto Torres, la juez le atribuye un posible delito de cohecho y su cooperación en la supuesta comisión de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos al «negociar con Huerta Briz, a cambio de la posterior contratación [de su despacho profesional] para otros proyectos en otros municipios, la cesión de la urbanización de unas parcelas [en Cala Molí] para, de este modo, obtener las licencias preceptivas pese a infringir la normativa urbanística».

Serra Escandell queda al margen
Al exconcejal de Urbanismo Josep Marí Ribas, Reganes, del PP, se le imputa la posible comisión de prevaricación urbanística por su participación en una comida en un restaurante de Cala d´Hort en la que, presuntamente, el ex arquitecto municipal «habría apalabrado con Torres la concesión del certificado de final de obra» de la urbanización de Cala Molí.

Con ello, la jueza da por cerrada la instrucción de las diligencias previas sin haber citado a declarar al exalcalde José Serra Escandell a pesar de que, en su día, lo solicitó el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Fue en la entrega del informe sobre la documentación requisada durante la llamada Operación Pitiusa, en noviembre de 2008, cuando los agentes detuvieron a Huerta Briz, su esposa, su hijo y la pareja de este y llevaron a cabo registros en los inmuebles y despachos de estos y en el Ayuntamiento.

La juez resolvió posponer dicha citación hasta conocer el informe pericial encargado al Consell sobre casi 40 expedientes urbanísticos vinculados a la trama y que, tal como ya avanzó este diario, revela múltiples irregularidades.

El beneficio obtenido podría alcanzar los 12 millones
La magistrada destaca que la compañera del hijo de Antonio Huerta actuó como «testaferro»

e. r. | ibiza ­La magistrada señala en el auto judicial que da por cerradas las diligencias previas de la causa que el exarquitecto municipal de Sant Josep podría haber obtenido un beneficio económico de 12 millones, «cantidad económica a la que se habría intentado dotar de apariencia ficticia de legalidad a través de distintas empresas propiedad de este y de su esposa, María del Rosario Chamorro».

El relato que se desprende de las diligencias practicadas apunta que Huerta Briz habría usado la posición que le ofrecía el cargo público que ostentaba en el Ayuntamiento para «obtener el encargo de proyectos de obra en el mismo municipio utilizando, como testaferro, a la compañera sentimental de su hijo, Pilar Fernández».

En este sentido, la magistrada indica que «existen importantes trasvases patrimoniales bancarios entre la sociedad Keltike S. L., en la que Fernández figura como socia única y administradora, y Arkimer S.A., propiedad de Huerta Briz y su esposa».

En su día, la defensa de Huerta Briz alegó ante el juez que se estaban computando todos los ingresos del exarquitecto municipal como ilícitos sin serlo, como, por ejemplo, los emolumentos como funcionario del Ayuntamiento entre 1998 y 2006 (279.000 euros), además de su participación en una serie de proyectos fuera de Sant Josep o por actividades ajenas al ámbito de la arquitectura, fundamentalmente el alquiler de inmuebles adquiridos, en su mayor parte, antes de que empezara a trabajar en el Consistorio.

El auto judicial destaca que Fernández aparece como autora del proyecto de la urbanización de Cala Molí que invadía parte de una zona protegida (ANEI) y del edificio de Cala Carbó, en el que se detectaron también múltiples irregularidades urbanísticas, «de las que informó Huerta Briz en connivencia con Julio Blanco, el cual emitió el informe que propició la concesión de la licencia».

Precisamente, el informe pericial del Consell, cuya ejecución ha retrasado más de dos años la conclusión de la instrucción de la causa (el informe de la Guardia Civil previo tardó casi cinco años), revelaba estas y otras irregularidades urbanísticas con informes favorables de Huerta o Blanco.