(Diario de Ibiza, 19/01/2016)

El Partido Popular de Ibiza pronostica todo tipo de adversidades económicas por la moratoria

Nota de Disúrbia: idees cavernícoles que sembla mentida que encara hi hagi gent que les sostengui.Tot un document antropològic per a les generacions futures.

j. ll. ferrer | ibiza ­El Partido Popular (PP) de Ibiza resucitó ayer su discurso contrario a las restricciones para preservar el territorio y arremetió con dureza contra la moratoria urbanística decretada por el Govern para suspender los artículos más controvertidos aprobados durante la anterior legislatura en esta materia. Entre otras cosas, el partido de la oposición acusó al Govern de «paralizar el crecimiento económico, la senda de bienestar iniciada y la creación de puestos de trabajo» con su decreto.

Aunque en la rueda de prensa ofrecida ayer el PP rechazó en bloque y sin excepción todas las medidas contenidas en el decreto, sus dirigente hicieron especial hincapié en el fin de la amnistía urbanística –término que rechazaron– que legalizaba las construcciones edificadas sin cumplir la ley en suelo rústico.

El presidente del partido, José Vicente Marí Bosó, junto con los concejales de Santa Eulària Mariano Juan (Urbanismo) y Carmen Ferrer (Turismo), y el exconseller insular de Urbanismo, Mariano Juan Guasch, descalificaron sin matices lo que consideraron «un sablazo» a las arcas de los ayuntamientos, puesto que la legalización de viviendas les permitió ingresar «millones de euros» por las multas que conllevaba este proceso. Además, este dinero se dedicaba, según dijo Mariano Juan Colomar, a «protección del territorio y construcción de viviendas de protección oficial». «Esta recaudación sí tenía una finalidad marcada, sí que era una ecotasa», señaló.

El concejal afirmó que solo el Ayuntamiento de Santa Eulària tiene previsto ingresar más de dos millones de euros por los proyectos ya informados.

El PP consideró que con la eliminación de la regularización de casas ilegales, dichas viviendas «quedan en la ilegalidad permanente» y, además, «no podrán obtener licencia para reparaciones básicas».

«Toda la economía de la isla»

José Vicente Marí Bosó señaló que la moratoria «afecta a toda la actividad económica de la isla, a toda» y advirtió de que sus consecuencias serán «la parálisis y el paro». «No se puede parar todo durante tres años», añadió.

También criticaron que la moratoria permita al Consell declarar también inedificables, si así lo considera, las Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP) y las Áreas de Prevención de Riesgos (APR), que son aquellas donde hay posibilidad de incendios forestales, inundaciones y desprendimientos de tierra. A su juicio, con determinadas condiciones, se debe poder construir en estos lugares. Además, «los suelos ARIP y APR, junto con las ANEI, constituyen la mayoría del suelo de la isla», manifestó el PP.

Al ser preguntados sobre su postura concreta sobre las ANEI, Mariano Juan Guasch afirmó que «sobre estas áreas, se podría hablar, se podría llegar a un pacto, pero alguna salida habría que dar a la gente que tiene allí tantos metros». Para José Vicente Marí Bosó, la prohibición de construir en ANEI «no es lo más trascendente, pues el 80% ya era inedificable», por lo que lo consideró «puro maquillaje».

Carmen Ferrer, por su parte, dijo que al moratoria dañará la imagen turística de la isla, en la que «no se ha aumentado ni una plaza hotelera» en los últimos años. «Al revés, se ha esponjado», llegó a decir, aunque sin citar casos concretos.

Para Ferrer, la medida cautelar del Govern provocará «una parada en seco de la evolución en positivo» que experimenta el turismo y añadió que durante los primeros meses del Govern «no se ha tomado ni una sola medida contra la oferta ilegal» en las Pitiusas.