(Menorca, 13/01/2016)

Cerca de 150 construcciones en Menorca se han acogido a la moratoria que ahora suprimirá el Govern

Fela Saborit. De las 1.479 construcciones ilegales en rústico que se han acogido a la moratoria de la Ley del Suelo y se han regularizado en Balears en su primer año y medio de vigencia, alrededor de un 10 por ciento corresponden a Menorca. Cerca de 150 de estas edificaciones han recurrido en la Isla a este indulto urbanístico, según los proyectos visados por el Colegio de Arquitectos, a cambio de pagar el 15 por ciento del valor de la obra, pero el resultado no ha sido el esperado.

El rompecabezas continúa en los hortals, con propietarios de viviendas que han acatado la normativa, otros que la han vulnerado pero han podido legalizarse este último año gracias a la denominada ‘amnistía Bauzá’ y otros que esperaban hacerlo de acuerdo con las exigencias del Plan Territorial Insular (PTI), a través de planes especiales, pero que siguen, más de una década después de que el PTI viera la luz, atascados en la burocracia. Solo uno de los 29 núcleos existentes (Es Camp Sarc) tiene aprobado su plan especial.

La moratoria a la que pondrá fin el nuevo Govern balear, con el decreto urbanístico que tiene previsto aprobar mañana martes, permitía legalizar las construcciones en rústico pagando el 15 por ciento el primer año, el 20 por ciento el segundo y el 25 por ciento el tercero. Pero el hecho de que estos primeros doce meses fuera más barato tampoco ha estimulado que propietarios del municipio más afectado por el problema, Ciutadella, se acogieran a esta vía. «Con más de dos mil viviendas en situación irregular de todos los tamaños, han entrado en el Ayuntamiento unas sesenta solicitudes, es un número bajo», asegura el concejal de Ordenación de este municipio, José López Bosch. «Había una corriente que decía que esta legalización era algo muy necesario, pero no ha habido una petición masiva», opina.

Compensación

En concreto en Ciutadella, desde julio de 2014 hasta mediados de diciembre, se habían presentado 54 solicitudes de regularización al amparo de la Ley del Suelo. Siete se aprobaron y concedieron y cinco están pendientes de subsanar deficiencias. La legalización ha supuesto para el Consistorio un ingreso de 153.845 euros, que se destinará a la mejora de caminos rurales y al alcantarillado de la casa de colonias de Es Pinaret.

Esta es precisamente la justificación, económica, del PP para defender la Ley del Suelo: que las cantidades ingresadas por la legalización deben destinarse a la adquisición, recuperación, protección y la gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al patrimonio municipal de suelo. «Es grave que utilicen el argumento de que se premia a los infractores», asegura la alcaldesa de Alaior, Misericoria Sugrañes, «porque muchas de esas ilegalidades han prescrito y al menos con esta ley los infractores tenían que pagar, ahora no tendrán que hacerlo, pero son obras que tampoco se pueden demoler».

Sugrañes afirma que estos últimos días, ante el anuncio del Govern, ha habido «mucho movimiento, y han venido ciudadanos preocupados al Ayuntamiento porque querían iniciar legalizaciones».

En Sant Lluís se han aprobado 25 licencias con la moratoria y otras siete están pendientes de informes, con unos ingresos que superan los 320.000 euros, y en Ferreries solo se han regularizado dos, en la zona de Binicalsitx, y no para uso residencial sino exclusivamente agrícola.