(Diario de Ibiza, 23/11/2015)

Este colectivo considera que «no hay motivos justificados» para declarar inedificables las ANEI, LIC y ZEPA | Rechaza que
se derogue la amnistía de viviendas ilegales aprobada por el PP y reclama «consenso» en la revisión del Plan Territorial Insular

Nota de Disúrbia: notícia pròpia d'altre temps (del segle XIX, de fet) en la qual els arquitectes es presenten com els principals enemics del territori, fent servir tota una sèrie de tòpics que segurament ni ells mateixos es creuen. Per damunt de tots ells, la idea de fer distincions entre illes per afavorir el negoci particular.

eugenio rodríguez | ibiza. ­«Las zonas ANEI [Áreas Naturales de Especial Interés] tienen suficientemente restringidas sus posibilidades edificatorias para que una prohibición suponga un avance en su protección. En cambio, sí supone un menoscabo muy importante en el patrimonio de sus propietarios, mayoritariamente tradicionales». En estos términos se manifiesta la junta directiva de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos de Balears sobre la intención del nuevo gobierno de izquierdas de declarar inedificables los espacios de especial protección de la isla: ANEI, LIC y ZEPA. «Creemos que no hay un motivo justificado fuera de lo puramente político», agrega el presidente de este colectivo, Iván Torres.

El pacto de gobierno suscrito entre el PSOE y Podemos en el Consell de Ibiza prevé precisamente, en contra del criterio de los arquitectos, blindar estos espacios. Podemos ya ha pedido al Govern balear que incluya esta medida en el decreto urbanístico en el que se trabaja para derogar buena parte de las medidas urbanísticas aprobadas la pasada legislatura por el PP a través de la ley turística y agrícola, entre otras.

Los arquitectos coinciden con el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, en la necesidad de que en el caso de Ibiza se «reconsidere» la delimitación de las ANEI y ARIP (Áreas Rurales de Interés Paisajístico), puesto que «la definición que se hace de ellas es la misma en Balears [pensada principalmente para Mallorca, puntualiza] cuando la realidad urbanística de Ibiza es muy diferente a la de las otras islas». Así, al igual que Marí Ribas, Torres considera que zonas ANEI de Sant Josep, en las que solo se puede construir a partir de parcelas de 50.000 metros cuadrados, podrían calificarse como ARIP, con una menor restricción urbanística, con una parcela mínima para edificar de 35.000 metros.

Red Natura 2000

Sobre los espacios protegidos mediante la Red Natura 2000, el Colegio de Arquitectos destaca que hay «una enorme diferencia» entre un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), por lo que «no pueden tratarse de la misma manera». La directiva europea que regula estas figuras señala que en estas zonas «se debe compatibilizar el desarrollo humano con la protección de hábitats y especies protegidas», defiende Torres. De este modo, considera que «si los proyectos van acompañados del preceptivo estudio de repercusiones ambientales, que analiza las afecciones sobre el entorno y las medidas correctoras, y este es informado favorablemente, no hay motivo para impedir su ejecución».

Los arquitectos también se oponen a que el nuevo decreto urbanístico en el que trabaja el Govern elimine el proceso extraordinario de legalización de viviendas ilegales en suelo rústico cuya infracción ya haya prescrito. Con una vigencia de tres años, medio millar de edificaciones en Ibiza se han acogido a esta amnistía en el primer año de su aplicación.

Iván Torres sostiene que la derogación de esta norma supondría «un agravio comparativo» para aquellos ciudadanos que «con la confianza de que disponían de tres años para legalizar su edificación no han podido iniciar los trámites». «Cercenar esta expectativa supone una vulneración del principio de seguridad jurídica que proclama la Constitución», subraya.

«No es la solución definitiva»

Si bien este proceso de legalización «no es la solución definitiva ni adecuada, permite dar solución a un problema de facto». «Con su retirada volveríamos a tener dos problemas», indica el representante del Colegio de Arquitectos, que destaca además que la amnistía aprobada por el PP obliga a los que se beneficien de ella a acometer «las obras necesarias para el cumplimiento de las normas de integración ambiental y de habitabilidad».

Torres subraya «la enorme importancia» de la vigilancia y la disciplina urbanística, con mecanismos como la constitución de un consorcio formado por los ayuntamientos, como ya existe en Mallorca y Menorca y que el Consell de Ibiza proyecta constituir esta legislatura en la isla.

Revisión del PTI

Ahora que el Consell se propone revisar el PTI, Torres aboga por «el consenso» para que la normativa tenga «garantías de futuro». «No se debe jugar o actuar impulsivamente con el urbanismo», destaca el presidente de este colectivo, al tiempo que reitera la necesidad de que «se incorporen soluciones definitivas a problemas como el de las viviendas ilegales», ya sea a través de la figura de Asentamiento en Medio Rural o con «un proceso de regularización pactado con todos los agentes políticos, sociales y profesionales».

Aparte de indicar la conveniencia de que se haga un refundido de la normativa sobrevenida desde la aprobación del PTI, en 2005, y la mejora de su redacción para que «no haya problemas de interpretación», los arquitectos destacan la necesidad de que se simplifiquen los procesos administrativos. Torres apunta que «no se entiende» que para la obtención de una licencia de obra en suelo rústico se tarde «una media de dos años». El presidente de los arquitectos señala que este problema se arrastra desde hace años y se debe fundamentalmente a que los expedientes «se atascan» en los distintos organismos por los que deben pasar, como la Comisión Balear de Medio Ambiente del Govern o la Comisión Insular de Patrimonio (Ciotupha).

Iván Torres: «El crecimiento cero es imposible»
Los arquitectos plantean que se permita edificar en rústico solo residencias habituales y a nombre de personas físicas

e. r. | ibiza. ­Sobre el debate abierto por Podemos en torno a la necesidad de declarar «el crecimiento cero» en el suelo rústico de Ibiza y sus discrepancias, en este punto, con el PSOE, su socio de gobierno, el Colegio de Arquitectos considera que «este hipotético escenario es más fruto de la retórica política que de una propuesta seria». No solo por «la laxitud de su definición [¿se refiere a que no se permitirá construir una casa más o a que se congelará el techo de población?, se pregunta]», sino porque no es viable. «Pensamos que es imposible decretar el crecimiento cero puesto que el urbanismo, como reflejo de la sociedad, necesita evolucionar de la misma forma que lo hace un ser vivo», argumenta.

En todo caso, el presidente de los arquitectos en las Pitiusas, Iván Torres, asume que la isla es «un territorio limitado», pero destaca que la revisión y adaptación de los planes urbanísticos al Plan Territorial Insular «ya ha reducido suficientemente las expectativas de techo de población que se tenía en los años 70 y 80, que sin duda eran excesivas». «Pensamos que a esta conclusión hay que llegar, en su caso, después de que se haga un extenso y multidisciplinar estudio de la realidad de la isla, con el respaldo técnico y legal que requiera, y no de esta manera», añade sobre la controversia en torno a la necesidad de decretar el crecimiento cero.

El pacto de gobierno entre PSOE y Podemos también incluye la adopción de medidas para evitar «el uso impropio» del suelo rústico y la urbanización dispersa. Torres recuerda que en Ibiza siempre se ha construido en el campo, por lo que «acabar con esta tradición, si no se trata de un error, llega decididamente muchas décadas tarde». «Además, existen suficientes elementos normativos que evitan que en este espacio se construya en exceso», apunta Torres, que, no obstante, lanza la siguiente propuesta: «Quizá hay que plantear el debate sobre la construcción de viviendas en suelo rústico solo cuando se trate para residencia habitual, o en caso de herencias, o siempre a nombre de personas físicas y no jurídicas, restando así la excesiva presión especulativa».