(Diario de Ibiza, 14/07/2015)

«No se puede premiar al infractor, se tiene que dar cuenta de que ha actuado al margen de la ley», explica el conseller Joan Boned, que anuncia cambios en la ley del suelo El Consell quiere revisar el plan de usos de sa Coma que aprobó Tarrés

claudia roig | ibiza. El Govern balear quiere introducir cambios en la amnistía urbanística para viviendas en terreno rústico aprobada por el PP en la ley del suelo.

Así lo anunció ayer en Ibiza el conseller balear de Territorio, Movilidad y Energía, el ibicenco Joan Boned, tras reunirse con el presidente del Consell, Vicent Torres. Boned recordó que en Ibiza hay un total de 500 propietarios que han iniciado ya la legalización de sus viviendas.

El conseller no quiso avanzar las medidas que tomarán, pero sí aseguró que estudiarán si se pueden revisar las cuantías de las sanciones al alza. Actualmente, los dueños de estas viviendas tienen que pagar una tasa de legalización del 15% del valor del proyecto oficial el primer año, el 20% el segundo y el 25% el tercero. «Hay contradicciones en la determinación de los porcentajes, no se ajusta a lo aprobado para infracciones urbanísticas en otra normativa existente. Hay que revisarlo a ver hasta dónde podemos llegar», agregó Boned, que aseguró que «no se puede premiar al infractor, se tiene que dar cuenta de que ha actuado al margen de la ley; no puede ser que salga más favorecido el que ha actuado al margen que el que ha hecho las cosas como toca». [Nota de Disúrbia: observau la confusió respecte a si estam parlant o no d'una sanció... En tot cas, què s'arreglaria pujant els percentatges?]

El conseller de Territorio matizó que quizás no sea necesario paralizar este período de regularización pero sí «coger uno por uno» los proyectos a ver en qué punto de tramitación están.

«No podemos entrar como un elefante en una cacharrería y deshacerlo todo. Es poco práctico y se tocan derechos, no es necesario», reconoció Boned, que aseguró que no están de acuerdo con el trámite de regularización actual, por lo que quieren que el infractor «sea consciente de que ha actuado al margen de la normativa».

En Mallorca y Ibiza se calcula que hay un total de 30.000 viviendas ilegales, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que aquí solo se han iniciado 500 expedientes, algo sobre lo que también llamó la atención el conseller, que matizó que no se trata de eliminar el período de regularización, porque «ninguna Administración saca rendimiento alguno de tener casas ilegales». Por eso consideró que cuando una casa ya no pueda derribarse porque la infracción haya prescrito, lo mejor es tenerlo «de la mejor manera posible». «Pero que no sea un premio». [Nota de Disúrbia: cal recordar que no és necessari inventar la roda cada vegada que entra un nou govern, i que ja fa molts d'anys que existeix una cosa que es diu règim de fora d'ordenació]

«Regularicemos, pero no todo vale», concluyó.

A través de esta ley, el PP abrió un período de regularización de tres años que comenzó en junio de 2014 mediante el cual los propietarios de obras ilegales en suelo rústico de más de ocho años de antigüedad pueden legalizarlas.