(Diario de Mallorca, 16/05/2015)

El consistorio mantiene abierta la puerta para que Marina Ernst justifique en qué basa sus reclamaciones por la demolición de 2013

S. Sansó. El ayuntamiento de Campos mantiene la puerta abierta para que Marina Ernst, la promotora de los 68 apartamentos de ses Covetes demolidos hace dos años, pueda avalar con documentación los más de 27 millones de euros que solicita al consistorio por los perjuicios derivados de haberle concedido una licencia de construcción, que después fue revocada tras un largo proceso judicial y obligó a los promotores a tener que derribar la integridad de la urbanización. Se da la circunstancia de que uno de los propietarios de Marina Ernst SA es Sebastià Sagreras, padre del actual alcalde de Campos del mismo nombre.

"No entendemos porqué si hace unos años los promotores no pudieron aportar nada, vuelven a reclamar, ni tampoco porqué el Ayuntamiento vuelve a ofrecerles la posibilidad después de que pareciera que había dado por cerrado el tema", explican desde Més per Campos

El procurador y representante de la Sindicatura de la quiebra de Marina Ernst SA, Juan Cerdó Frías, reclamó en junio de 2014 al consistorio campaner, una indemnización muy parecida a la que ya se pidiera también en 2010: 27,3 millones de euros. Una reclamación que el consistorio permite ahora justificar.

Cerdó enumera en el escrito registrado en el Ayuntamiento, la efectividad de la lesión y su valoración económica. Considera que los promotores adquirieron el suelo y su licencia por el valor de mercado y como si efectivamente en él se pudieran construir chalés acomodados en la primera línea de costa. Por tanto la indemnización debería tener en cuenta tanto el precio, como los tributos derivados de la adquisición y los intereses legales.

La petición pide que se tengan en cuenta también "las inversiones realizadas para el desarrollo y edificación del suelo realizadas por Marina Ernst SA; los gastos de defensa de la condición de urbano del suelo y la validez de la licencia", así como el "lucro cesante por la imposibilidad final" de desarrollar los 68 apartamentos. Finalmente pide no tener que soportar "coste alguno de demolición y restauración de la legalidad infringida con las NNSS de 1991 y con la licencia".

Hace cinco años el ayuntamiento de Campos, por aquel entonces comandado por un pacto de centro-izquierda, ya concedió a la promotora un periodo para que avalara con pruebas, facturas y documentación los millones reclamados por el proyecto frustrado; periodo que concluyó sin que Marina Ernst aportara datos más significativos que la propia reclamación.

Comprados en 1994

La historia de los polémicos apartamentos de Ses Covetes arranca cuando los alemanes Michael Fischer y Hans Jager, a través de su empresa, solicitan la pertinente licencia a la corporación municipal, en manos del Partido Popular. El equipo de gobierno decide concederla amparándose en las Normas Subsidiarias vigentes en aquellos momentos y que parecían dar un carácter urbano a los terrenos. Todo ello sin tener en cuenta que tres años antes, en julio de 1988, había entrado en vigor la Ley de Costas, que afectaba directamente a las dos parcelas de Ses Covetes, a las que clasificaba como suelo rústico.

En 1994, cuando los germanos no pudieron hacer frente al pago de la hipoteca para seguir adelante, La Caixa se quedó con lo construido, que fue comprado por diversos socios mallorquines, entre ellos Sebastià Sagreras padre. Tras un periodo judicial de casi una década, y tras la paralización definitiva del proyecto a medio construir, en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Balears ordenaba definitivamente la demolición.