(Diario de Mallorca, 2015/05/13)

Los técnicos municipales sostienen que se ha excedido en 2,5 metros la altura permitida - Los arquitectos concluyen que la obra efectuada no respeta el proyecto autorizado

Pep Córcoles. Los técnicos municipales de Pollença han finalizado su informe acerca de la posible legalización del chalé que construyó Alberto Cortina en 2005 en la urbanización de Formentor. Ese informe concluye que no es posible legalizar la edificación en su estado actual. Indica que para que se pueda regularizar es imprescindible demoler una de las tres alturas del la casa ya que la normativa vigente permite únicamente dos.

Bartomeu Cifre, alcalde de Pollença, sostiene que "esta opción debe cogerse con pinzas ya que sólo es el informe técnico. Queda por emitirse el informe jurídico, aunque dudo mucho que éste matice una opinión tan clara de los arquitectos. Más que nada el informe jurídico indicará cómo se debe proceder". El alcalde detalla que "probablemente el propietario deba presentar ahora un proyecto de legalización en el que incluya la demolición de la planta que excede la altura legal".

Incumplimiento

Los técnicos municipales indican que existe una licencia de obras concedida en base a un proyecto de ejecución, pero que una vez revisado el proyecto y la realidad sobre el terreno no coinciden. Según la opinión de los arquitectos el propietario podía construir dos alturas y "entraba en el límite de tolerancia un forjado superior de saneamiento de un metro de altura". Sin embargo, ese forjado superior no es tal sino una altura de 2,5 metros adicional susceptible de finalizar como un habitáculo más de la construcción.

Existe una sentencia judicial que establece que el chalé causa un gran impacto visual que debe ser corregido. El Tribunal Superior declaró no conforme a derecho la licencia otorgada en agosto de 2005 y la anuló. También declaró no conforme a derecho y canceló el decreto de la Alcaldía que otorgó el final de obra a dicha vivienda en octubre de 2007.

Restablecimiento

El tribunal ordenó que el Ayuntamiento procediera a restablecer "la legalidad infringida mediante la demolición y la reposición de los terrenos a su estado natural anterior, si es que las obras realizadas no fueren legalizables o si es que la legalización no se interesara en el plazo legal".

La sentencia recuerda que se solicitó la licencia para una vivienda unifamiliar aislada de una altura de ocho metros y 875 metros cuadrados más dos porches, con un presupuesto de 869.083 euros.

Tras multitud de vicisitudes, como una primera paralización porque se empezaron los trabajos sin proyecto de ejecución o el derribo de unas terrazas ilegales, la empresa propietaria de una finca colindante, Masampe SL, impugnó ante el Ayuntamiento la licencia de obras. El Ayuntamiento paró las obras en marzo de 2008 y ordenó revisar la licencia, aunque días después cambió de criterio, estimó que el permiso era legal y otorgó licencia de final de obra.