(Diario de Ibiza, 4/05/2015)

Advierte a la institución de que podría incurrir en «responsabilidades penales» por el retraso en la pericial de 38 expedientes urbanísticos de Sant Josep La juez lo pidió el 31 de julio de 2014 y los documentos han llegado al Consell «hace una semana»

eugenio rodríguez | ibiza. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, recrimina al Consell de Ibiza «su desidia y dejadez en el cumplimiento de lo acordado» sobre la revisión de la legalidad de 38 expedientes vinculados con la supuesta trama de Antonio Huerta, exarquitecto municipal de Sant Josep.

Huerta, que estuvo cinco meses en prisión preventiva, está imputado por la presunta comisión de los delitos de malversación, prevaricación urbanística, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y falsedad documental al aprovechar supuestamente su cargo para redactar y dirigir a través de empresas de su entorno familiar proyectos urbanísticos en el mismo municipio en el que ejercía su función pública.

La juez instructora, que el 31 de julio del año pasado emplazó al Consell de Ibiza a efectuar la prueba pericial en un plazo de dos meses, advirtió a la institución, en una providencia del pasado 21 de abril, de que su «desidia y dejadez» podría acarrearle «responsabilidades penales». El 10 de abril la magistrada dictó un ofició en el que requería a la institución insular que le informara sobre el estado del peritaje solicitado ocho meses antes. El Consell respondió que aún no disponía de los 38 expedientes que se tienen que examinar.

Lo que provocó el tirón de orejas de la juez fue que, en su respuesta (14 de abril), el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, justificó que, previamente, el Ayuntamiento había enviado un escrito al Consell (entró el 16 de marzo) para concretar de qué modo quería recibir los expedientes: «Si de una vez o por remesas». Cuatro días después (el 20), el Consell contestaba a Sant Josep que podía enviarlo «como mejor le fuera, de una vez o por remesas», siempre y cuando los expedientes estuvieran «rubricados y foliados por los funcionarios encargados de su tramitación».

Bloqueo de la institución

Ante dicha respuesta, en la providencia del 21 de abril, la jueza recordó al Consell que de «no haber recibido los expedientes debería haberlos reclamado al Ayuntamiento o haberlo comunicado al juzgado».

También resolvió emitir un oficio a Sant Josep para que remitiera de «inmediato» toda la documentación al Consell.

El vicepresidente del Consell, Mariano Juan, que a mediados de marzo informó a este diario de que se había iniciado la revisión de algún expediente, reconoce que el Consell recibió todos los archivos hace «una semana».

La juez también ha pedido al Consell que le informe sobre cuánto tiempo tardará en emitir la prueba pericial, pero el vicepresidente asegura que lo desconoce. «Hay días por delante de trabajo. No se puede paralizar la tarea ordinaria del departamento. Es mucho trabajo y nos bloquea un poco la institución», justifica Mariano Juan.

Informe de la Guardia Civil

En mayo de 2013, casi cinco años después de la llamada Operación Pitiusa, en la que se detuvo al exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta, a su hijo y su nuera, la Guardia Civil pidió al juzgado, tras examinar toda la información incautada en los registros efectuados en octubre de 2008, que instara al Ayuntamiento a revisar la legalidad de 45 expedientes urbanísticos. Dos años después aún no se ha hecho, lo que alarga todavía más la instrucción de la causa. En noviembre de 2013, este diario publicaba que unos meses antes la juez había ordenado al propio Ayuntamiento de Sant Josep que hiciera el peritaje, pero en abril del año pasado la Audiencia Provincial estimó parte de un recurso de la defensa de Huerta y rechazó que fuera el Ayuntamiento, por ser juez y parte, el que llevara a cabo la revisión de los expedientes. También redujo el número de expedientes a analizar al señalar que solo debían revisarse los que hubieran sido informados por Huerta o los que obtuvieron licencia sin previo informe de los técnicos municipales.

Asimismo, en su auto, la Audiencia señalaba que se debía establecer un plazo máximo para la emisión del informe de revisión de los expedientes y apremiaba a la juez instructora a que concluyera «lo antes posible» la instrucción.