(Diario de Ibiza, 25/04/2015)

El candidato del PP a la alcaldía, José Sala, denunció las obras en Fiscalía en 2005, pero posteriormente asesoró a la propiedad

e. rodríguez / redacción | ibiza ­El Ayuntamiento de Sant Antoni ha impuesto una sanción de 1,1 millones de euros al promotor alemán de las obras de ampliación de una vivienda en una zona protegida (Área Natural de Especial Interés) en Santa Agnès sobre la que pesa una orden de demolición parcial. El inmueble se amplió sin autorización en una superficie de 352 metros cuadrados. El valor de las obras asciende a 466.232 euros. Los hechos constituyen, según una nota del Consistorio, una infracción de la ley de Ordenación y Uso del Suelo, que en estos casos contempla una multa de entre el 200 y el 300% de su presupuesto.[Nota de Disúrbia: això no és aplicable a les infraccions comeses abans de l'entrada en vigor de la LOUS...]

El Consistorio inició el expediente de restauración de legalidad en junio del año pasado. Meses después, en diciembre, la Junta de Gobierno ordenó la demolición de la ampliación ejecutada en el ala norte de la casa con una superficie de 352 metros cuadrados construidos: 101 metros en planta sótano, 176,2 en planta baja y 75 metros más en una altura. La vivienda tiene una superficie total de unos mil metros cuadrados, incluida la parte que se construyó sin permiso. La mayor parte de la casa es legal, según fuentes municipales.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento ya sancionó al promotor de la vivienda hace años con una sanción de dos millones de euros, pero esta fue anulada por el juzgado, al parecer, por un defecto en la tramitación. De hecho, en el año 2005 el entonces alcalde y ahora senador y candidato municipal en el PP, José Sala, denunció las obras ilegales de la vivienda ante la Fiscalía porque podían ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio. No obstante, el proceso penal quedó en nada porque había prescrito.

Parece ser que la vivienda ha sido vendida, según apuntan fuentes consultadas, que indican que en la operación de compraventa habrían intervenido tanto José Sala como el portavoz del PP de Ibiza y diputado autonómico, Miquel Jerez, en calidad de letrados del vendedor y comprador, respectivamente. En todo caso, Sala niega haber actuado como abogado del vendedor, pero reconoce que sí le asesoró. «Sé que había algo, que se había llegado a hablar de vender una casa. Pero no sé nada. Hablé con ellos hace mucho tiempo y no sé qué ha pasado. Me preguntaron unas cosas e intenté aconsejarles, pero no sé qué hicieron», explica Sala. Por su parte, Jerez se negó ayer dar «ningún tipo de información sobre este asunto». Oficialmente al Consistorio no le consta que se haya producido ninguna venta del inmueble y la notificación del expediente sancionador está dirigida al promotor que ejecutó la ampliación de la casa sin licencia municipal.