(Diario de Ibiza, 6/03/2015)

Santa Eulària asegura que todavía no puede avanzar si la reforma que llevará a Kühn a juicio es legalizable pese a que el fiscal mantiene que el PTI lo impide

e. rodríguez | ibiza. ­Cuando el juez cerró la instrucción de la causa por las obras ilegales del islote de Tagomago en julio del año pasado, el promotor alemán Matthias Kühn, pareja de Norma Duval, alegó que las actuaciones acometidas sin autorización ya se habían legalizado. Kühn y el constructor Guido Hecker se sentarán en el banquillo de los acusados y se enfrentarán a la petición de una pena de dos años de cárcel por la supuesta comisión de los delitos contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio.

Pese a que el Consistorio aún tramita la solicitud de legalización de dichas obras en el interior y el exterior de la vivienda, la propiedad sostiene que ya se ha resuelto positivamente por «silencio administrativo». El concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Mariano Juan, lo niega y asegura que el solicitante «sabe perfectamente» que hasta que el Consistorio reciba todos los informes preceptivos de otras administraciones, «no empieza a correr el plazo» y, por tanto, en ningún caso se puede dar aún por concedida la legalización por silencio administrativo.

La Comisión Balear de Medio Ambiente informó favorablemente en 2012 el proyecto de legalización, salvo el mantenimiento de la pasarela y la plataforma que se usaba como helipuerto (ya retirada), con una serie de condiciones, como la restitución vegetal de zonas dañadas. Consideraba que no suponía una amenaza para los hábitats y especies que motivaron la declaración del islote Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).

El edil de Urbanismo asegura que aún está pendiente el informe de Costas, que también es vinculante. En este sentido, Juan apunta que en el caso de que este dictamen fuera desfavorable, el Consistorio tendría que desestimar la legalización. Y si es favorable, la arquitecta municipal deberá evaluar en última instancia si se cumplen los parámetros urbanísticos. Juan dice que no puede avanzar si las obras son o no legalizables.

En su escrito de acusación, la Fiscalía destaca que las obras acometidas en Tagomago sin permiso «no pueden ser legalizadas» ya que, según el Plan Territorial Insular (PTI), en las áreas de especial protección como Tagomago «solo se permitirán aquellas obras de conservación, restauración... de edificios que no supongan aumento de volumen, siempre que no hayan sido edificados en contra del plan urbanístico vigente en el momento de su construcción».

En cambio, en su informe, la Comisión Balear de Medio Ambiente señalaba que la vivienda, la piscina, terraza y porches se construyeron «en el año 80 y con licencia municipal», antes de que el islote se declarara LIC y ZEPA, y que «las obras propuestas en el interior de la vivienda y el rediseño de la piscina, terrazas y porches no suponen un incremento de superficie ni de volumen».

El cambio de criterio de Medio Ambiente

e. r. | ibiza. La causa por las obras ilegales de Tagomago se inició a raíz de una denuncia en los juzgados de la conselleria balear de Medio Ambiente en 2008. El entonces jefe de sección del servicio de planificación y proyectos de la conselleria consideraba en un informe que «la supervivencia de las especies de interés comunitario presentes en el LIC y ZEPA de Tagomago es incompatible con la transformación radical del medio que han supuesto las actuaciones detalladas en los escritos de los agentes de Medio Ambiente».

Este técnico actuó de perito en la causa y en 2012, cuando ya no ocupaba el mismo puesto en la conselleria, presentó un nuevo informe de ampliación sobre los supuestos daños ambientales en el islote. En su escrito el técnico indicó al juez que había sido «expulsado de forma torticera» de toda responsabilidad en el subcomité de Red Natura 2000. Como su sucesor en el puesto presentó en el juzgado un informe totalmente contrario al anterior, ante dicha contradicción, el juez decidió inicialmente archivar el delito contra el medio ambiente. Sin embargo, a petición de la Fiscalía, el juez ha rectificado y los dos acusados serán juzgados también por los posibles daños causados a los recursos naturales.