(El Mundo, 10/02/2015)

M. A. RUIZ COLL. El Consell de Menorca ha abierto un expediente de disciplina urbanística tras detectar obras ilegales en la finca Son Rubí, situada en el Camí de Tramontana de Es Mercadal. El actual conseller menorquín de Economía y Medio Ambiente, Fernando Villalonga, recibió esta finca como herencia de su padre y la vendió en 2008 al constructor Antonio Gomila por 1,3 millones de euros.

Tan solo cuatro años después, Villalonga adjudicó al mismo empresario la obra de ampliación del vertedero de Milà. Apenas un año después de inaugurar esta obra, que ha costado 2,6 millones de euros públicos, el Govern se ha visto obligado a clausurar el vertedero debido a los graves problemas estructurales detectados.

El actual propietario de Son Rubí, Antonio Gomila, tiene otros contratos con el Consell como el de las obras de ampliación de la carretera general entre Mahón y Alaior (que mantiene paralizadas, mientras intenta negociar un sobrecoste de 2,5 millones de euros no contemplado en la licitación) o el servicio de limpieza de la Corporación insular.

También explota la contrata de suministro de agua potable del municipio de Es Mercadal (donde se encuentra la finca Son Rubí), gracias a una adjudicación otorgada por el ex alcalde del PSM Ramón Orfila.

Según las fuentes oficiales consultadas, el constructor Antonio Gomila solicitó a principios de 2011 una licencia de obra mayor para sustituir la cubierta de una de las edificaciones de Son Rubí, la finca que compró al conseller Villalonga.

Técnicos del Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico del Consell realizaron entonces una inspección en Son Rubí y descubrieron que se había realizado un cambio de uso ilegal en suelo rústico: una antigua boyera situada junto a las casas del predio había sido transformada en un apartamento, con cocina y baño propio.

Se trata de un cambio de uso, de agrario a residencial, no permitido ni por el planeamiento urbanístico del municipio de Es Mercadal, ni por el Plan Territorial Insular (PTI).

En consecuencia, el Consorcio abrió un expediente de disciplina urbanística para verificar si estas obras son legalizables, con la correspondiente sanción económica, o si por el contrario debe ser restituido el antiguo uso de esta edificación ligada a las actividades ganaderas.

El Ayuntamiento de Es Mercadal no ha recibido, hasta el momento, ninguna propuesta para legalizar las obras. Tampoco ha podido conceder la licencia de obra mayor solicitada por Gomila, debido a la situación de ilegalidad detectada.

Distintas fuentes consultadas apuntaron que la obra ilegal ya existía cuando el constructor compró la finca al actual conseller de Medio Ambiente, en 2008. No obstante, a preguntas de EL MUNDO/ El Día de Baleares, el actual propietario negó esta versión.

"Lo único que ha ocurrido es que hace años hicimos un baño en un lugar en el que no teníamos que haberlo hecho, no hay más", señaló Gomila. No obstante, las fuentes consultadas señalaron que la obra ilegal detectada por el Consell no se reduce a la construcción de un baño, sino que habría supuesto la completa transformación de las antiguas boyeras en un apartamento. La finca tiene una extensión de más de 95 hectáreas (casi un millón de metros cuadrados) e incluye numerosas construcciones.

Además de las casas del predio rodeadas de patios, tiene dos establos, horno, molino, una era, un pajar y una boyera. Esta última edificación sería la que ha sido transformada de forma irregular en una vivienda. El predio se encuentra situado en el Camí de Tramontana, que conduce hasta la finca Son Ametller, en la que se ubica la playa de Cala Pregonda, una de las más exclusivas de la isla.