(Diario de Mallorca, 27/01/2015)

"Me equivoqué", ha asegurado Bernat Coll, que ha incidido en que desoyó los avisos del secretario municipal porque "quería levantar el teatro de alguna manera"

diariodemallorca.es/Efe.Palma. El alcalde de Lloseta, Bernat Coll (PSIB), ha confesado hoy en el juicio en el que se le acusa de cinco delitos de prevaricación que suscribió un convenio ilegal con una empresa para la gestión del teatro municipal pese a la advertencia del secretario del Ayuntamiento porque lo hacía "en bien del pueblo".

"Me equivoqué", ha asegurado Coll, que ha incidido en que desoyó los avisos del secretario municipal porque "quería levantar el teatro de alguna manera" y ha admitido que cometió un error al construir esa infraestructura porque el pueblo no tenía capacidad para mantenerla.

"Queríamos que fuera transparente total aunque hubiera una irregularidad", ha asegurado el alcalde en relación al convenio por valor de 60.000 euros anuales que se adjudicó sin concurso público a una empresa a la que, además, se le garantizó que el Ayuntamiento asumiría un préstamo que había suscrito para adquirir material.

Respecto al resto de presuntas ilegalidades por las que se le acusa de prevaricación junto a otros tres concejales (dos en activo y uno ya cesado), Coll también ha admitido las irregularidades: "Incumplí la normativa", aunque ha insistido en que siempre quería beneficiar al municipio.

Según el edil socialista, en 2004 asignó directamente la gestión de las actuaciones musicales en el teatro a una empresa porque era la única de Mallorca capaz de ofrecerle la programación que proponía, algo que constató en conversaciones con otras promotoras de conciertos.

Era consciente de que, como le indicó el secretario del consistorio, "eso era irregular", pero no quiso hacer "una farsa" e invitar a otras empresas a un concurso que ya sabía a quién se debía adjudicar, ha declarado en el juicio que preside la titular del juzgado de lo penal 6 de Palma, Margarita Beltrán.

Las otras cuatro actuaciones presuntamente irregulares son del ámbito urbanístico, que dirigía el propio alcalde: una venta de solares municipales a cambio de obras en el centro de salud local, que acabó anulándose, y tres concesiones de licencias.

En todos los casos se realizaron en contra del criterio del secretario y en los tres últimos se obviaron también los informes negativos del arquitecto municipal, que sostenía que se vulneraban las normas urbanísticas vigentes.

Respecto a las licencias irregulares, concedidas en 2005, 2006 y 2007, el alcalde ha defendido que consideraba que "en poco tiempo se subsanarían" las deficiencias mediante la modificación de las normas subsidiarias del municipio por parte del Consell de Mallorca, pero las dificultades de adaptación al Plan Territorial insular han dilatado la entrada en vigor de estos cambios.

"Nos han dejado a todos con el culo al aire", ha afirmado sobre el Consell respecto a esas normas subsidiarias, y ha resaltado que en ningún caso las licencias permitieron incrementos de edificación, sino simplemente ajustarse de forma lógica a las necesidades que planteaban los vecinos beneficiarios.

El arquitecto municipal, que ha declarado como testigo, ha señalado que, aunque informó de la vulneración de la norma vigente, "había razones objetivas para la modificación", y el secretario, que también ha testificado, ha dicho que se pueden subsanar las irregularidades urbanísticas juzgadas si se aprueben las normas subsidiarias con los cambios propuestos por el ayuntamiento.

Este funcionario ha insistido en que los miembros del equipo de gobierno juzgados "tenían perfectamente conocimiento" de las ilegalidades que él puso de manifiesto en sus informes.

Menos contundentes han sido los otros tres acusados, los ediles socialistas Pere Joan Martorell, Joan Coll y Maria Alemany, quienes han admitido que en los cinco casos juzgados conocían el sentido negativo de los informes del secretario municipal pero no exactamente su contenido y entendían que las ilegalidades eran "subsanables".

Martorell ha excusado esta falta de conocimiento concreto en que las juntas de gobierno eran "caóticas", y ha explicado unos modos de actuación que la jueza Beltrán ha definido como "guirigay" y ante los que se ha declarado "horrorizada".

La concejala Alemany, en referencia a las explicaciones que solicitaba cuando el secretario municipal avisaba de ilegalidades, ha declarado: "Yo le pedía cómo se podía subsanar y él me decía cómo se debía haber hecho".

Todos los acusados han negado tener relación directa con los beneficiarios de sus presuntas prevaricaciones y han asegurado que la oposición del PP, personada en la causa como acusación particular, estuvo puntualmente informada de todas sus decisiones y nunca las impugnó.

La Fiscalía solicita inicialmente siete años de habilitación para ejercer empleo o cargo público para cada uno de los concejales juzgados.