(Última Hora, 17/01/2015)

E. Ballestero. El Juzgado Número 1 de Inca ha abierto, a instancias de la Fiscalía, diligencias previas por un presunto delito de prevaricación cometido por el alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre, en relación con la urbanización del Vilà.

El vecino y abogado Leopoldo de Miquel  denunció al alcalde ante la Fiscalía anticorrupción  acusándole de paralizar premeditadamente el desarrollo de la urbanización del Vilà con la intención de cobrar un 15 por ciento de aprovechamiento. La redacción ambigua de la denuncia presentada ante el fiscal permite interpretar que Cifre se beneficiaría directamente de este aprovechamiento.

El alcalde Cifre, que considera la denuncia «sin fundamento», declarará que el aprovechamiento del 15 por ciento del que se habla corresponde a la cesión de terrenos al Ajuntament preceptiva para el desarrollo de cualquier urbanización en cumplimiento de las leyes vigentes. Los  terrenos  pasan así a ser municipales.

El próximo 22 de enero está prevista la toma de declaración al denunciante y, a principios de febrero, han sido citados a declarar distintos testigos propuestos por De Miguel, entre ellos el arquitecto pollencí Rafel Morro, Simón Pedro Barceló (en relación a la urbanización Formentor), y Gerardo Vidal (en relación a la urbanización de la Font).

El auto prevé que, una vez se tome declaración a estos testigos, se señalará fecha para que Bartomeu Cifre también declare como denunciado, momento en el que previsiblemente será imputado para garantizar su defensa.

El alcalde aseguró sentirse «tranquilo». «Estoy convencido de que la gente y la juez, cuando vean el fondo de la cuestión (lo que el Ajuntament pide es un bien para el pueblo) y vean quién está detrás (Rafel Morro tiene una manifiesta enemistad conmigo y es uno de los testigos propuestos por el denunciante) quitarán importancia a este asunto y todo quedará en nada».

La disputa de Leopoldo de Miquel con el Ajuntament de Pollença en relación al Vilà no es nueva. El abogado lleva años pleiteando sin éxito contra la paralización de la urbanización que fue desclasificada parcialmente por el Govern balear.