(Diario de Ibiza, 24/11/2014)

El vicepresidente pide al juzgado «más flexibilidad» para «no paralizar completamente» la actividad del área de Territorio | Mariano Juan reconoce que por vacaciones y bajas laborales del personal este departamento anda «un poco asfixiado»

eugenio rodríguez | ibiza. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ha dado un plazo de dos meses al Consell de Ibiza para que revise y redacte un informe sobre un total de 38 expedientes urbanísticos vinculados al caso Huerta. La investigación de la supuesta trama delictiva que encabezaba el exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta Briz, en la que este presuntamente aprovechaba su cargo público para redactar y dirigir a través de empresas de su entorno familiar proyectos en Sant Josep, acumula una larga instrucción de seis años.

El Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Guardia Civil tardó cinco años en analizar toda la documentación incautada, en octubre de 2008, en la llamada operación Pitiusa, durante los registros efectuados en las viviendas y oficinas del exarquitecto municipal, su hijo y su nuera. Pero este cuerpo policial instó a la juez en mayo del año pasado a que requiriera al Ayuntamiento de Sant Josep a que revisara casi 50 expedientes para que comprobara si se ajustaban o no a la legalidad.

Así lo hizo la magistrada, pero el exarquitecto municipal recurrió dicha decisión al considerar «improcedente» dicha revisión y más aún que se le encargara al Ayuntamiento para hacer de «perito de sí mismo». «Es del todo incompatible con la imparcialidad, neutralidad y objetividad que ha de tener cualquier perito», alegó entonces la defensa de Huerta, aparte de que los expedientes analizados, según su criterio, eran «intachables desde el punto de vista administrativo y jurídico».

Pericial «casi acabada»

El Consistorio inició el trabajo de revisión de los expedientes en enero de este año y cuando estaba «casi acabado», según el concejal de Urbanismo, Javier Marí, la Audiencia Provincial estimó en mayo el recurso de Huerta y ordenó que dicho informe se encargase a otros ayuntamientos o al Consell. Además de pedir que solo se revisen los expedientes informados por Huerta o aquellos en los que se concedió licencia en contra del informe de los técnicos, el tribunal apremió a la juez instructora para que marcase un plazo máximo para la elaboración del informe pericial y concluyera «lo antes posible» la instrucción.

El pasado 31 de julio, la juez dictó una providencia en la que señalaba que fuera el Consell, y en un plazo de dos meses, la institución encargada finalmente de llevar a cabo el informe pericial sobre un total de 38 expedientes urbanísticos. La propia resolución establece qué cuestiones se deben verificar en cada uno de los casos. También ordenaba en un plazo de 10 días el traslado de los expedientes desde Sant Josep al juzgado para remitirlos al Consell.

El conseller de Territorio, Mariano Juan, puntualiza que, pese a que la resolución tiene fecha de 31 de julio, esta se notificó al Consell hace «dos semanas». La institución ha pedido a la juez que le dé «más flexibilidad», sin un plazo definido, al objeto de llevar a cabo el informe pericial «poco a cabo» y «no paralizar completamente» la actividad del departamento de Territorio.

El también vicepresidente del Consell destaca que dicha revisión solo la puede hacer «personal cualificado» y que solo se disponen de dos arquitectos y dos juristas para hacerlo. Juan desconoce cuánto pueden tardar en llevar a cabo esta tarea. En este sentido, el conseller señala que el departamento de Territorio, por las vacaciones y algunas bajas de su personal, anda «un poco asfixiado».

Mariano Juan admite que la resolución de los expedientes propios del Consell acumulan actualmente «cierto retraso» a pesar de que, puntualiza, se intenta sacar el trabajo «todo lo rápido que se puede». El análisis de los 38 expedientes del caso Huerta lo «ralentizará» aún más. Los técnicos lo compaginarán, según el conseller, con los asuntos propios del Consell. «No se puede dedicar una persona exclusivamente a esta tarea», señala. La institución ha pedido en el juzgado una serie de aclaraciones y que, en lugar de recibir todos los expedientes de golpe, lleguen al Consell de «forma paulatina».

Alberto Torres se plantea denunciar el retraso al CGPJ

Su abogado critica que la juez rehúsa retirar su imputación a la espera de la pericial cuando «no tiene nada que ver con él»

e. r. | ibiza El empresario hotelero Alberto Torres, que también está imputado en el caso Huerta, se plantea denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el retraso que acumula la instrucción y la negativa de la juez a resolver la retirada de la imputación de su defendido. «La situación es inadmisible», sostiene su letrado, Salvador Ferrer, quien en otras ocasiones ya ha manifestado que la dilación del caso está causando «indefensión» a Torres y «una condena social innecesaria».

El abogado explica que la juez rehúsa resolver la petición de sobreseimiento sobre su defendido a la espera de que se lleve a cabo la pericial de los 38 expedientes urbanísticos. El letrado indica que «no hay nada» en esta documentación que «vincule a Torres». «Todo tiene que ver con Huerta», dice.

Torres está imputado en la causa por su participación en una comida, en la que estuvo también el exarquitecto municipal Antonio Huerta y concejales de Sant Josep, en la que supuestamente, según figura en la causa a raíz del testimonio de un antiguo empleado de Torres, se pactó la concesión del final de obra de la urbanización de Cala Molí sin una verificación previa por parte de los técnicos municipales. Ferrer ha negado que en el transcurso de dicha comida se planearan «supuestos hechos no ajustados a la legalidad» y que, precisamente, después de dicha comida se llevó a cabo la revisión de las obras. Sostiene, además, que el exempleado testificó contra Torres por «motivaciones económicas» y que, por tanto, dicha prueba es «irrelevante y carece de valor».