(Diario de Ibiza, 10/11/2014)

Sant Josep suma en cinco meses más de la mitad, con 17 solicitudes, y el Consell de Ibiza considera que la demanda es «baja»

eugenio rodríguez | ibiza. Los cinco ayuntamientos de la isla solo han recibido hasta ahora 31 peticiones para la legalización, al amparo de la nueva ley de ordenación y uso del suelo de Balears, de viviendas o construcciones que se encuentran fuera de ordenación. Esta norma recoge, tal como preveía la versión inicial del Plan Territorial Insular de las Pitiusas de 2005, la posibilidad de legalizar aquellas viviendas que en su día se construyeron sin licencia en suelo rústico y cuya infracción a día de hoy ya ha prescrito (han de tener una antigüedad de más de ocho año). La ley aprobada en marzo daba a cada consell insular la potestad de decidir si quería o no aplicar esta amnistía en su territorio. El Consell de Ibiza lo aprobó el pasado 2 de junio, mientras que el de Formentera lo ha rechazado.

Poco más de cinco meses después de la puesta en marcha de este proceso en Ibiza, que solo se podrá llevar a cabo durante tres años, los ayuntamientos han recibido 31 solicitudes, una cantidad que el vicepresidente del Consell y conseller de Territorio considera «baja». Hay que tener en cuenta que las personas interesadas, aparte de abonar los impuestos y tasas por la obtención de la licencia, deben pagar el 15% del coste del coste material de la edificación legalizada si la propuesta se tramita en el primer año. En el caso de que se espere al segundo ejercicio, el porcentaje sube al 20%, y al 25% si la solicitud se presenta en el último año previsto para esta amnistía.

Por ello, Mariano Juan considera que, por una cuestión económica, «la mayoría» de las peticiones se presentarán durante el primer año. Además, hay que tener en cuenta que en mayo del año que viene habrá elecciones y, si se produjera un cambio político, el nuevo gobierno autónomo podría dar marcha atrás a esta norma de la nueva ley del suelo balear.

Sant Josep se sitúa a la cabeza

El Ayuntamiento de Sant Josep es el que, con un total de 17 proyectos, el que más propuestas de legalización ha recibido de la isla. Todavía no ha concedido ni una, según una portavoz del Consistorio, que avanza que «no todas reúnen las condiciones que marca la ley». Al parecer, hay solicitudes para incorporar a la ordenación construcciones de 20 metros cuadrados hasta «casas grandes».

Sant Antoni, en cambio, ya ha autorizado la legalización de las únicas tres solicitudes que ha recibido, lo que ha supuesto un ingreso para el Ayuntamiento (por las tasas y el 15% del coste del proyecto) de 17.869 euros. Las tres viviendas suman una superficie de 267,92 metros cuadrados.

El Consistorio de Santa Eulària ha recibido seis solicitudes (cuatro de particulares y dos de empresas): tres de Jesús, dos de Santa Gertrudis y una del núcleo de Santa Eulària. Cuatro de ellas afectan a viviendas unifamiliares, una a un almacén y otra a distintos edificios y la demolición de unos almacenes, según la información facilitada por un portavoz del Ayuntamiento.

En cuanto a Sant Joan, el concejal de Urbanismo, Joan Escandell, Barda, asegura que se han presentado cuatro solicitudes, de las cuales ya se han otorgado dos. «No son proyectos grandes», apunta el edil, que asegura que este proceso es «una novedad» y que, como supone un coste, «a mucha gente no le va bien». En todo caso, Escandell apunta que en Sant Joan «no hay tantos casos» que se puedan acoger a la amnistía, aunque espera que en los próximos meses «se presente alguna más».

Vila tramita una solicitud para legalizar «una instalación» que, según ha podido saber este diario, se ubica en la zona de sa Joveria y que, además, se incluye en el catálogo municipal de elementos de patrimonio protegidos.

El Vicepresidente del Consell | «Solo lo tramita el  que quiere hacer alguna operación»

El vicepresidente del Consell y conseller de Territorio, Mariano Juan, admite que el número de solicitudes presentadas durante los primeros cinco meses de aplicación de la amnistía es «bajo», aunque apunta que le consta que hay «bastantes más» que aún no se han formalizado. Juan asegura desconocer cuántas peticiones se pueden llegar a presentar y reconoce que solo lo hará «aquel que lo necesite porque quiera llevar a cabo alguna operación, como una segregación o una transmisión patrimonial».

Hay que tener en cuenta que las edificaciones que se pueden acoger a esta norma están fuera de ordenación (no existen para la Administración), pero no corren el riesgo de ser demolidas porque la infracción cometida en su día de construir sin licencia ha prescrito. «De lo contrario, mucha gente se acogería a ello. No hay una presión», indica el vicepresidente del Consell, que agrega que el equipo de gobierno del Consell insistió al Govern en que incorporara esta medida de gracia en la nueva ley del suelo balear para «ofrecer esta posibilidad al que  lo quiera hacer». También apunta que el coste es «elevado», lo cual, subraya, demuestra que «no supone un regalo».