(Diario de Mallorca, 9/10/2014)

El Ayuntamiento no se explica el retraso en la aplicación de una sentencia emitida por el mismo juzgado

j. frau. El ayuntamiento de Sencelles sigue a la espera de que el juzgado emita la autorización para derribar las estructuras de las cuatro construcciones inacabadas de Ruberts sobre las que pesa una sentencia judicial de demolición debido a una ilegalidad.

El Consistorio del municipio del Pla no encuentra explicaciones por el retraso acumulado en la ejecución de una sentencia cuya tramitación se ha completado a nivel municipal desde hace tiempo, pero que no puede llevarse a cabo porque el juzgado debe conceder el permiso para que los operarios inicien el derribo.

En este sentido, el alcalde de Sencelles, Tomeu Morro (PSOE), explica que en los últimos meses el Ayuntamiento ha remitido diversas interlocutorias al juzgado para "pedir, por favor, que nos dejen ejecutar la sentencia". "Nosotros ya no podemos hacer nada más, es un tema sorprendente porque es el juzgado el que debe poner día y hora para ejecutar la demolición", apunta.

El Ayuntamiento sospecha que el retraso en la autorización podría ser la consecuencia de un "error" del propio juzgado, que "podría haber confundido el procedimiento de ejecución de una sentencia con el de una multa urbanística, cuando no es el caso", afirma Morro.

Desde el pasado año 2013, el Ayuntamiento dispone de la partida presupuestaria para ejecutar la sentencia judicial, cuyo coste es de 30.000 euros. También ha adjudicado las obras a la empresa MAP. La institución teme que, una vez más, la partida prevista en los presupuestos del presente ejercicio tenga que traspasarse a las cuentas del próximo año 2015.

Otra presión para el Ayuntamiento viene de los propios vecinos de Ruberts, impacientes de que la sentencia judicial se ejecute de una vez por todas. "Nos hemos tenido que reunir con ellos varios veces para explicar la situación", afirma el alcalde. El Ayuntamiento lamenta el agravio comparativo que se ha producido en este caso, ya que ninguna institución ha aportado fondos para ejecutar la sentencia, a diferencia del municipio de Campos con el caso de Ses Covetes.