(Diario de Ibiza, 10/09/2014)

La vivienda se levantó en suelo inedificable y tiene sentencia de demolición, pero Sant Josep se ha desentendido de hacerla cumplir | Vicent Serra: «Es un tema del Ayuntamiento»

joan lluís ferrer | ibiza. ­Un escrito enviado al Consell de Ibiza por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Palma de Mallorca ha dado diez días de plazo al presidente, Vicent Serra, para que explique qué actuaciones ha realizado para cumplir la sentencia de derribo de una mansión construida ilegalmente en ses Salines en 1996 y para que detalle cuál es el órgano o persona responsable de materializar ese derribo. El Consell ya ha respondido al juez, según la institución.

El juzgado recuerda que esta es la segunda vez que pide estos datos y que, de seguir haciendo caso omiso al requerimiento, «se entenderá que la persona responsable es el presidente del Consell de Ibiza», y le advierte de las medidas que se pueden tomar contra él, como es «imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar», además de exigirle posibles responsabilidades penales.

La vivienda en cuestión fue construida en un suelo inedificable del Puig des Corb Marí, en ses Salines, y por ello fue denunciado por el Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) desde el primer momento. Sin embargo, pese a los requerimientos de paralización que también hizo entonces el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Josep no solo no actuó contra las obras, sino que trató de legalizarlas.

Después de un largo periplo judicial, los tribunales dictaron sentencia de demolición hace aproximadamente 12 años, si bien nunca llegó a ejecutarse. El GEN, ante «la absoluta desidia de las administraciones implicadas» y para evitar que el asunto caiga en el olvido, se terminó personando en la causa para impulsar el derribo y, como consecuencia de ello, el juzgado ha apremiado ahora al Consell a aclarar en qué situación se encuentran los trámites.

El GEN, además, detectó el pasado verano que la vivienda en cuestión se estaba comercializando como vivienda turística en una web extranjera por 50.000 euros semanales, «usándose así la obra ilegal para obtener beneficios ilícitos», señaló la entidad al dar a conocer la orden judicial.

Los ecologistas aseguran que continuarán las acciones judiciales «hasta conseguir la efectiva demolición y restablecimiento del lugar a su estado natural».

El Consell de Ibiza, por su parte, aseguró tras difundirse esta noticia que ya ha notificado al juzgado mallorquín los datos que se le reclaman.
«En la sentencia no explica que se tenga que tumbar la casa», afirmó el presidente, Vicent Serra. Al parecer, la última resolución habla de «restituir la legalidad infringida», si bien el GEN considera obvio el mandato de demolición.

Serra también dijo que «lo que se ha de ver ahora es la situación legal de esta casa, porque podría ser que hubiera iniciado trámites de legalización, o que estuviera legalizada por algún tipo de normativa». Serra admitió que «en principio, todas las casas [ilegales] en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) son ilegales». A partir de hoy, los técnicos del Consell y el Ayuntamiento «mirarán este asunto».
En cualquier caso, el GEN recordó que en un informe elaborado por el propio Consell y enviado al Ayuntamiento de Sant Josep, se destacaba la imposibilidad de legalizar esta vivienda.

El Consell considera que, en todo caso, «no es un tema del Consell, sino que es un tema municipal».

Derribos | Tercera mansión en el punto de mira del GEN

La casa de la empresa Skaren SA, casi en la cima del Puig des Corb Marí, es la tercera vivienda ilegal en la que se personan los ecologistas del GEN para lograr su derribo. Después de la Michael Cretu, ya demolida, y tras la del Puig d’en Serra (que quema sus últimos cartuchos antes de caer bajo las excavadoras), ahora le toca el turno a la de Skaren. Las tres tienen en común que son casas ilegales y con sentencia de demolición, pero que ninguna Administración se ha encargado de hacer cumplir jamás. Sin embargo, el proceso de la casa de ses Salines deberá sortear aún un largo y tortuoso periplo antes de llegar a adjudicarse el proyecto de demolición, pues para empezar las administraciones deben tener claro quién debe derribarla.