(Diario de Ibiza, 16/07/2014)

e. rodríguez | ibiza. La defensa del promotor Matthias Kühn ha recurrido el auto por el cual el juez cierra la instrucción de la causa por las obras de reforma en la vivienda de Tagomago y la poda y tala de sabinas, entre otras actuaciones sin la correspondiente autorización, y mantiene su imputación por la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio. También están imputados el arquitecto y el constructor. El magistrado descarta, en cambio, que a todos ellos se les pueda acusar de un delito contra el medio ambiente al «no haberse llegado a acreditar suficientemente durante la instrucción».

En su recurso, Ascensión Joaniquet, abogada del promotor alemán, sostiene que los hechos «no son constitutivos de delito alguno contra la ordenación del territorio al haber sido legalizadas todas las obras». En concreto, se refiere a que la conselleria balear de Medio Ambiente ha informado a favor del proyecto de legalización de la reforma de la vivienda Can Domingo que «incluye expresamente el muro para viento y las terrazas y zonas vinculadas, como son las escaleras».

Hay que tener en cuenta que, en su auto judicial, el magistrado sostiene que ni el muro ni la escalinata ni la plataforma se han legalizado «ni son susceptibles de serlo». En cuanto a la plataforma, que se usaba como helipuerto, el recurso de la defensa de Kühn advierte de que ha sido retirada «para proceder a la legalización de las obras», ya que esta era una condición que había impuesto la Comisión de Medio Ambiente. «Me parece una barbaridad que se impute un delito contra la ordenación del territorio cuando la Administración da su consentimiento», asegura Joaniquet, quien destaca que el informe favorable de Medio Ambiente señala que la reforma acometida «no ha implicado un aumento de volumen», al tiempo que agrega que solo falta que el juez decrete el archivo de la causa para que el Ayuntamiento conceda la legalización.

Todavía falta el informe de Costas

El Ayuntamiento de Santa Eulària niega que las obras acometidas sin la correspondiente licencia en el islote se puedan dar ya por legalizadas, puesto que aún no se ha resuelto la petición del promotor. El concejal de Urbanismo, Mariano Juan, recuerda que el Consistorio aún no ha recibido el informe, que también es vinculante, de la Demarcación de Costas.

Del mismo modo, Juan explica que el hecho de que el informe de Medio Ambiente sea favorable «no implica» que el Ayuntamiento deba legalizar las obras. «Son condiciones necesarias, pero no suficientes», explica el edil, en referencia al hecho de que si, por ejemplo, el informe de Costas fuera desfavorable, el Consistorio se vería obligado a denegar la autorización.

Mariano Juan niega, en contra de lo que manifiesta el juez en su auto, que las obras se llevaran a cabo por «silencio administrativo». «Esto no lo puede decir un juez de instrucción, si acaso uno del juzgado contencioso administrativo. Otra cosa es que el instructor lo presuponga, pero no lo puede determinar», puntualiza. Del mismo modo, el edil indica que en este caso no se puede considerar que las obras se amparen en el silencio administrativo puesto que el lapso de tiempo necesario para que se dé esta condición empieza a correr en el momento en el que «el expediente esté completo»; es decir, que los organismos externos, en este caso Medio Ambiente y Costas, hayan emitido sus informes.

El juez no ve indicios de delito contra el medio ambiente al entender que un primer informe técnico de la conselleria «demoledor en cuanto a los perjuicios ambientales» cometidos, ha sido «suficientemente» rebatido por otro de la misma Administración pero firmado por otros técnicos. Al juez le merece «más fiabilidad» la versión de los técnicos que descartan que se haya causado un daño sobre los valores ambientales del islote.
Se da la circunstancia de que el anterior jefe de sección de Planificación y Proyectos de la conselleria, el que emitió el informe «demoledor», presentó en agosto de 2012 un nuevo informe de ampliación sobre los supuestos daños ambientales observados en una visita llevada a cabo en el islote dos años antes (en febrero de 2010). En este documento consideraba que se habían cometido infracciones «muy graves».

Entonces, el técnico ya no ocupaba el cargo de jefe de sección de Planificación y Proyectos, por lo que en su informe explicaba que había sido «expulsado de forma torticera» de toda responsabilidad en el subcomité de Red Natura 2000, pero que había continuado trabajando en la misma dirección general, por lo que su nombramiento como perito no tenía por qué verse afectado.

Contradicciones técnicas

En su momento, la abogada de Matthias Kühn alegó ante el juez que los otros técnicos de Medio Ambiente no solo «no corraboraron» el impacto de las obras advertido por el primer perito de la conselleria, sino que indicaron que en los dos años que este tardó en redactar su informe de ampliación (desde la visita al islote en 2010), se produjeron «actuaciones administrativas relevantes que tendrían que haberse incluido para no distorsionar la realidad».

Además, la directora general de Medio Natural, Neus Lliteras, comunicó al juzgado en julio de 2012 que el antiguo jefe de sección de Planificación y Proyectos no estaba suscrito a dicho departamento de la dirección general sino a uno distinto, en concreto al de Educación Ambiental.