(Diario de Ibiza, 26/04/2014)

Bartomeu Ferrer advierte de que las viviendas fuera de ordenación no serán tratadas igual que las legales | El PP presenta una moción para aplicar la Ley del Suelo de Balears que no sale adelante por los votos en contra de GxF-PSOE y la abstención del GIF

carmelo convalia | formentera. Los consellers del equipo de gobierno del Consell de Formentera, con la ausencia del presidente Jaume Ferrer por enfermedad, rechazaron ayer en el pleno que celebró la institución una propuesta defendida por el PP para aplicar la disposición transitoria 10 de la Ley del Suelo de Balears, aprobada en marzo de este año en el Parlament, que prevé un mecanismo de regularización de las construcciones ilegales levantadas antes de 2006 al prescribir las infracciones urbanísticas a los ocho años.

La propia ley establece que serán los consells (gobernado en este caso por GxF-PSOE) los que decidan sobre si aplican ese beneficio, al que los propietarios pueden acogerse mediante el pago de tasas municipales, la presentación del correspondiente proyecto y el abono de una sanción que podría variar entre el 15 por ciento y el 25 por ciento de lo que costó la obra inicial.

Aunque en un primer momento del debate el grupo independiente anunció que votaría en contra de la aplicación de esa disposición, a lo largo del mismo cambio de opinión para finalmente abstenerse.

«Una regularización masiva más»

En cambio, el conseller insular de Urbanismo, Bartomeu Ferrer, fue rotundo al interpretar que la petición del PP era la de «legalizar todas las construcciones irregulares levantadas hasta el 2006, grandes y pequeñas», por lo que se mostró contrario a aplicar dicha medida. También se refirió a que las normas subsidiarias de Formentera ya han integrado en su ordenamiento aquellas construcciones ilegales construidas antes de 1989.

Escandell calificó la iniciativa del PP de «una regularización masiva más, puesto que en 2005 ya hicieron otra». El conseller se preguntó: «¿Con qué argumentos se puede defender la ordenación ante las personas que hayan hecho las cosas bien», y añadió: «Esto más bien parece un premio del PP a los infractores y un castigo para aquellos que cumplen con la ley».

Reconoció que el Consell no iba a actuar contra esas edificaciones al haber prescrito las infracciones pero advirtió de que quedarán «fuera de ordenación», por lo que no podrán acceder a las ventajas que brinda tener una vivienda legal.

Entre otras, señaló la imposibilidad de que las viviendas fuera de ordenación pueda regularizarse por la vía de las estancias turísticas, de la misma forma que podrán encontrar dificultades a la hora de firmar un contrato de arrendamiento o ante una eventual reforma o ampliación, al margen de no poder obtener la cédula de habitabilidad para el enganche de luz.