(Diario de Mallorca, 13/04/2014)

El gerente de Urbanismo informa de que todas tienen expedientes urbanísticos y que indefectiblemente determinarán que deben ser demolidas - Se trata de parcelaciones que no cumplen con la normativa ni pueden cumplirla en el futuro

P. C. / M. B. El municipio de Marratxí es probablemente el mejor representante de la dispersión urbanística en Mallorca. Cuenta con decenas de urbanizaciones, núcleos rurales y núcleos urbanos históricos. Pero además cuenta con un total de nueve parcelaciones ilegales que, pese a la buena voluntad municipal, no son legalizables de ningún modo porque no cumplen con los parámetros que establece la Llei del Sòl Rústic ni con las normas urbanísticas del municipio.

El gerente de Urbanismo, Julio Alba, y el alcalde de Marratxí, Bartomeu Oliver, aseguran que, como ordena, la ley "se procedió a abrir un expediente urbanístico, que tiene su tramitación, pero que indefectiblemente se cerrará con una orden de derribo. No es porque el Ayuntamiento no quiera ayudar a los vecinos, es porque legalmente no existe ninguna posibilidad", sostienen. Aun así, apuntan que las demoliciones afectarán a algo menos de un centenar de casas.

Oliver explica que todo arranca de hace años. "La gente se compraba una finca y se hacía una casita que se iba ampliando; no había control, nadie decía nada y cada vez se añadía un poco más". Según el alcalde, "cuando se comenzó a poner freno a eso nos encontramos con casos graves y el Ayuntamiento no ha sido ajeno a dramas particulares; se apostó y se apuesta por colaborar por legalizar lo que es posible legalizar".

Urbanizaciones legales

Marratxí tiene en estos momentos diez urbanizaciones legales pendientes de recepcionar y también ocho núcleos rurales, aunque en realidad son cuatro puesto que el resto son fases de un núcleo rural que por sus dimensiones se ha dividido en sectores; se trata de Son Ametler. De este núcleo en concreto cabe mencionar que la fase II y la fase IV están a punto de recepcionarse, según apunta el gerente de Urbanismo.

De los cuatro restantes, y a pesar de ser legales, tres de ellos tienen graves problemas. Por lo que se refiere a Can Buc y Sant Josep, el problema se centra en que están afectados por el segundo cinturón de Palma.

Es Pinaret tiene el problema de que sus solares son muy desiguales y existe un sólo propietario con un solar muy grande. Los costes de urbanización son enormes para ese vecino.

La diferencia entre urbanizaciones y núcleo rural se centra en que las urbanizaciones son suelo previsto en las normas subsidiarias como de crecimiento natural de los núcleos históricos, mientras que los núcleos rurales son figuras urbanísticas derivadas de pequeñas urbanizaciones que surgieron hace tiempo en suelo rústico al amparo de una possessió y que han podido acogerse a la normativa para legalizarse, cumpliendo los parámetros establecidos.

Toda esta gran dispersión de población conlleva muchos quebraderos de cabeza al consistorio y elevados gastos. El alcalde cita como ejemplo que "solo en alumbrado público la partida presupuestaria es casi de un millón de euros. Si nos comparamos con municipios de similar población como Inca, por ejemplo, podemos decir que nosotros tenemos 45 parques infantiles y la capital del Raiguer da cobertura a su población con nueve".

Propone colaborar, pero sin costes para las arcas públicas

M. B. Marratxí. Los partidos de la oposición de Marratxí no son ajenos ni desconocen el problema. Daniel Guirao, del PSOE, dice que en el caso de las parcelaciones ilegales "se deberían estudiar una a una y ver si existe alguna posibilidad de que se adapten a las normas subsidiarias mirando el interés general de todos y el particular de los vecinos, pero siempre respetando la legalidad". Sobre las legalizables opina que "se debe colaborar, pero sólo aceptarlas cuando los informes técnicos avalen que cumplen con todo lo exigido". Joan Francesc Canyelles, de Més, sostiene que se "ha de intentar la legalización pero que no suponga un coste para las arcas públicas. La junta de propietarios es quien debe asumir esos costes. En cualquier caso se debería esperar a ver cómo se desarrolla la nueva ´Ley Company´ del suelo rústico". Por lo que se refiere a las legales indica que "el consistorio debe ser muy escrupuloso, colaborador, pero sólo aceptarlas cuando cumplan con todo lo necesario". Neus Serra, de Independents, indica que "se debería intentar legalizar lo existente por el bien de los vecinos y del municipio" y por lo que se refiere a las urbanizaciones aún no recepcionadas indica que "lo que se debe hacer es negociar y reunirse todas las veces que sean necesarias para llegar a acuerdos satisfactorios".