(Diario de Mallorca, 3/04/2014)

Los trabajos de demolición serán ejecutados por la empresa Amer e Hijos por un coste de 111.600 euros

J. Frau. Mancor. El ayuntamiento de Mancor de la Vall inició el pasado lunes las primeras actuaciones para acometer el derribo integral de una vivienda ilegal ubicada en la zona de Biniatzent sobre la que pesa una sentencia judicial que obliga a la institución municipal a demoler la estructura en el plazo máximo de un mes.

El alcalde de Mancor, Joan Antoni Ripoll (PP), confirmó ayer a este diario que el pasado lunes se desplazaron hasta la construcción ilegal el arquitecto y la empresa constructora que se encargará de ejecutar el derribo con el objetivo de iniciar los primeros movimientos para cumplir la sentencia judicial.

En un principio, el juzgado obligó al Ayuntamiento a ejecutar el derribo entre el uno y el 28 de febrero, pero el propietario de la vivienda afectada se opuso a que se produjeran movimientos en su propiedad hasta que el juzgado no emitiese una nueva orden que autorizara la entrada de la empresa encargada de demoler la edificación. Finalmente, un reciente auto judicial autorizó la entrada a la propiedad y obligó al Ayuntamiento a iniciar los trabajos antes del próximo 5 de abril. En principio, las máquinas tienen un mes para completar el trabajo y restituir el terreno a su estado original.

Los trabajos de demolición han sido adjudicados a la empresa Amer e Hijos por un importe de 111.600 euros, IVA incluido.

El alcalde ´mancorí´ lamentó ayer que se haya tenido que llegar a esta situación, pero precisó que cuando él asumió el cargo en sustitución de Bernadí Coll el pasado mes de julio se encontró este asunto "sobre la mesa" y que su intención es la de ceñirse a la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a derribar la casa.

La oposición municipal en el ayuntamiento de Mancor ha pedido en distintas ocasiones la dimisión del ex alcalde Coll de su actual cargo político en el Consell de Mallorca (es el conseller insular de Cooperación Local) al considerar que es el máximo responsable de haber concedido una licencia que después el juzgado ha tumbado por ilegal. El PSM aseguró ayer que el coste del derribo "supone el 10% del presupuesto del Ayuntamiento".