(Diario de Mallorca, 29/03/2014. No apareix a la versió digital)

[Entrevista a Eduardo López, president de l'Associació de Constructors de Balears. La duim a colació per les barbaritats que s'hi diuen...]

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-Este Govern ha puesto en marcha dos iniciativas com impactos directos sobre la construcción, como son la Ley del Suelo y la de Turismo. ¿Cómo las valoran?

-Las dos leyes han puesto un poco de orden en lo que existía y son buenas para el sector, sin duda alguna. El que los hoteles se puedan adaptar o ampliar una planta, para nosotros es bueno. Y la Ley del Suelo tiene una parte muy positiva, que es que por fin alguien ha puesto orden, y en aquellas viviendas que no se pueden demoler porque la ilegalidad ha prescrito, se ha abierto el camino para que se reordenen y cumplan con los requisitos de habitabilidad. Eso es bueno para la construcción y para la sociedad. Si tienes una casucha en mitad del campo y te obligan a ponerla en condiciones, hasta estéticamente es positivo. El territorio ya está consumido, no se puede demoler... pues al menos déjela bien.

-Sin embargo, la amnistía a este urbanismo ilegal ha sido muy cuestionada desde colectivos como el Colegio de Arquitectos.

- Lo que hay que hacer, una vez hecha la regularización, es vigilar para que no vuelvan a construirse viviendas ilegales. Con los medios que hoy día tenemos, es fácil detectar una nueva edificación. Hay muchos funcionarios, y casi todos los Ayuntamientos tienen arquitectos municipales. Me puedo creer que un Consistorio no detecte una reforma interior, pero no que sea incapaz de descubrir una nueva construcción en mitad del campo. No estamos hablando de Australia, Balears es muy pequeñito.

-¿Sigue vigente el debate de que la disciplina urbanística no debería estar en manos de alcaldes cuya reelección depende del voto de sus vecinos?

-Se debería crear un organismo supramunicipal sin esa dependencia directa que el alcalde tiene con el vecino o el familiar. Los Ayuntamientos deben de tener sus responsabilidades, pero quizás la capacidad sancionadora debería de estar en otras manos.

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-Su patronal ha denunciado el enorme volumen de obras que se están haciendo dentro de la economía sumergida.

-Estimamos que entre el 20% y el 30% de la construcción se mueve en esa economía sumergida. Hemos hecho gestiones para que exista una mayor coordinación entre Ayuntamientos, Consells, Govern e Inspección de Trabajo a la hora de perseguir estas cosas. Pero una parte de la culpa de esta economía en pequeñas obras la tienen los propios Ayuntamientos y el Estado, porque con un IVA del 21% para reformar la casa, más una licencia municipal, se induce a que la gente se salte la legalidad. No puede ser que reformar una casa, que es un bien fundamental, tenga un IVA del 21% mientras que en una vivienda nueva es del 10%.

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