(Diario de Mallorca, 14/03/2014)

El Ayuntamiento prevé incorporar su posible legalización en la revisión del Plan General

Josep Capó. Palma. No existe un censo oficial, pero una estimación realizada a finales del pasado mandato por la exresponsable de Urbanismo, Yolanda Garví, cifra en "más de 10.000" las personas que viven en alguna de las 94 parcelaciones rústicas ilegales existentes en el término municipal de Palma y que la Ley del Suelo recientemente aprobada permite regularizar.

Una legalización, no obstante, que no va a ser "ni inmediata, ni automática", en palabras del teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Jesús Valls, quien afirmó que, tal como permite la propia Ley del Suelo recientemente aprobada, el proceso de regularización de estas parcelaciones rústicas se va a introducir en el nuevo Plan General.

Para ello, los propietarios de cada uno de estos núcleos urbanos aislados se deberán constituir en junta de compensación con el fin de hacerse cargo o bien del coste de los servicios básicos necesarios para que pueda ser considerado un suelo urbano, o bien de la ejecución de sus obras. Según Valls, se deberá estudiar caso por caso. A cada una de las parcelaciones se les exigirán los servicios mínimos que en su momento se determinen. En cualquier caso, probablemente se deberá redactar para cada una de las parcelaciones un Plan Especial.

Los propietarios también deberán realizar las cesiones de suelo obligatorias tanto para la ejecución de equipamientos como el 10 por ciento del aprovechamiento medio. Mientras tanto, hasta que se apruebe el instrumento de planeamiento que ordene estas parcelaciones, "no se podrán autorizar obras de urbanización ni de edificación que impliquen construcciones de nueva planta o ampliación de las existentes", tal como indica la nueva norma.

La progresiva urbanización del suelo rústico para la parcelación ilegal se inició en los años ochenta sin que ninguno de los sucesivos consistorios haya logrado poner coto a este urbanismo ilegal. Se han llegado a contabilizar hasta 94 parcelaciones rústicas, que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 ya intentó regularizar sin éxito.

Este plan –aún en vigor– calificaba como Zonas de Régimen Especial 43 de las 94 parcelaciones ilegales existentes, y proponía su regularización urbanística mediante la tramitación por parte de sus propietarios de un Plan Especial. Transcurridos casi quince años, no se ha legalizado ninguna de estas parcelaciones, aunque 36 de las 43 que se podían regularizar por este sistema tienen aprobado inicialmente el Plan Especial y tres de ellas han conseguido la provisional por parte del Ayuntamiento. Se trata de la Vinya de Son Llebre, Cas Patró y el Secar se Son Sardina. Se consideró que el resto de las edificaciones incluidas en las demás parcelaciones rústicas podían regularizar su situación aplicando la normativa del suelo rústico común.