(Diario de Mallorca, 2/03/2014)

Joan Riera. Miles de persones han criticado ferozmente la Operación Palace de Jordi Évole sin haber visto ni un minuto de la emisión. Ante la posibilidad de que ocurra algo parecido con este artículo, advertimos de entrada que la historia que a continuación se cuenta podría ser en parte o por completo una fabulación del escribidor. Aunque también podría darse la circunstancia de que todo o casi todo fuera cierto.

Érase una vez un lugar en el que algunos jubilados sufrían angustiosas alucinaciones después de comer coca con marihuana... (Un momento. Este inicio no se lo creerá nadie. Comencemos de nuevo). Érase una vez un municipio en el que el urbanismo dependía del pipí de un concejal... (Alto, eso también es imposible. Intentémoslo otra vez). Érase una vez un pueblo del Llevant de Mallorca llamado Artà y gobernado en minoría por dos partidos regionalistas, los Independents y El Pi. En la oposición están el PP y el PSOE, las dos formaciones que tienen a España en la cabeza, y, con un solo concejal, los rojos de Iniciativa Verds.

El alcalde ha convocado una reunión urgente en su despacho para informar a sus socios de la gravedad de la situación.

–El celador me ha entregado el último informe. La obra de Tomeu es ilegal. No queda más remedio que derribarla –explica compungido el alcalde presidente del consistorio–.

–¿La de Tomeu? Imposible –interviene el concejal de Obras, Saraos y Bombillas–, toda su familia nos vota a nosotros. Excepto la suegra, que le tiene tirria.

–Tranquilos, que por algo soy el alcalde. Llevaremos el asunto al pleno y nos abstendremos. Los malvados serán todos los demás.

Y así se hizo. A la hora de votar los derribos, los concejales de la minoría mayoritaria se abstuvieron. Los que tienen la gran idea de España en la cabeza abandonaron la sala para no mojarse. El voto solitario del rojiverde de Iniciativa Verds se utilizó para aplicar la ley en materia de urbanismo.

La solución hizo tanta gracia al equipo de gobierno que decidieron repetirla el mes siguiente. El orden del día preveía aprobar nuevas demoliciones. Los ediles del PP y del PSOE salieron de la sala. Independents y El Pi habían decidido abstenerse de nuevo pese a que la propuesta era suya. Sin embargo, el representante de Iniciativa Verds, Guillem Caldentey, pronunció cinco desconcertantes palabras en el momento de la votación. Una breve intervención con un toque de vulgaridad destrozó el guión cuidadosamente elaborado. Su frase para la historia fue:

–Vaig a fer un pipí.

–Esperarem a que torni –dijo el alcalde–.

–No, no, seguiu! –replicó el concejal–.

Sin Caldentey nadie fue capaz de asumir la responsabilidad de imponer la disciplina urbanísica. El alcalde decidió dejar el punto sobre la mesa y culpó a los demás de su dejación de funciones.

Ha llegado la hora de desvelar que la historia es real, con excepción de los diálogos iniciales. La Operación Pipí de Artà es la prueba palpable de lo mucho que cuesta en Mallorca hacer cumplir los planes de ordenación del territorio. El Consell cuenta desde 2009 con una Agència de Disciplina Urbanística entre cuyas funciones está la de "ejercer las competencias que los municipios tienen atribuidas en materia de legalidad urbanística que los ayuntamientos le deleguen voluntariamente". Si los datos de la web del organismo son correctos, solo siete consistorios mallorquines han firmado un convenio. [Nota de Disúrbia: i així és, només són set, no hi ha cap error. I ningú s'immuta per això, quan hauria de ser portada dels diaris cada dia]

Los alcaldes prefieren tener en sus manos la piqueta del derribo y el boli de la sanción en materia urbanística. Con estas armas pueden acosar a los adversarios y, sobre todo, hacer la vista gorda con los amigos. Les gusta el oropel de su cargo, pero esquivan los malos tragos. Max Weber (1864-1920) escribió que "en política hay que tallar sobre maderas duras". Nuestros alcaldes prefieren un urbanismo moldeable que les evite sustos en las siguientes elecciones.