(Menorca, 1/12/2013)

Tiene en trámite un proyecto de Ley del Suelo que abre la puerta a la regularización de miles de construcciones ilegales en suelo rústico, una medida que, según explica, no significa un perdón

Germà Ventayol. Está al frente del departamento más poderoso del Govern, una Conselleria que acumula algunas de las competencias más ‘sensibles' para cualquier Govern, como es el urbanismo. Company está enfrascado en sacar adelante una Ley del Suelo que ponga orden en el caos urbanístico del suelo rústico en Balears.

Usted es el responsable de la agricultura y quisiera saber si estas lluvias son buenas para el campo ...
-Quizá llegan un poco tarde y en cantidades que puede que ya sean excesivas. Lo bueno es que llueva de manera pausada. Con lo caído debería parar un mes y medio para ir bien.

Vayamos al grano. ¿Su Ley es una amnistía para el urbanismo ilegal en suelo rústico?
-En absoluto. Lo que hacemos es no dejar construir más y se pone remedio a lo que ya está hecho, que no es lo mismo. Insisto, no hay ninguna amnistía puesto que se impondrán multas muy severas para regularizar estas construcciones. Lo que ha ocurrido es que yo no he querido mirar a otro lado con este problema como han hecho muchos de mis antecesores en el cargo y sólo se regularizarán las construcciones cuando lo soliciten los Consells insulares y cuando ya no se puedan derribar. Insisto, es falso que se deje construir más. [Nota de Disúrbia: curiosos arguments, que segurament no creu ni el mateix conseller...]

No me negará que es un agravio para quienes no han cometido ninguna ilegalidad ...
-Eso sería en el caso de que se hiciese una amnistía. La regularización obliga a una tramitación y no sale gratis. Tenga en cuenta que sólo se aplica en aquellas edificaciones que ya no se pueden derribar porque han transcurrido más de ocho años. Otros miraron hacia otro lado en materia de disciplina. A partir de ahora habrá mecanismos más ágiles contra lo que no se puede hacer en suelo rústico. Reitero que no destruiremos más territorio y el importe de las sanciones se destinará a financiar obra pública.[Nota de Disúrbia: encara més obres??]

¿Más dureza?
-Habrá penalizaciones muy duras y las obras se deberán paralizar desde el mismo momento en que exista una denuncia. Las multas contemplan hasta 600 euros mensuales por la demora en el derribo y, además, también se abre la puerta a exigir responsabilidades a los arquitectos y notarios.

¿A cuántas edificaciones afecta y cuánto piensa que se recaudará?
-No hay datos. La petición vino del Consell d'Eivissa y nosotros la ampliamos a toda la Comunitat. La sanción media puede superar los 35.000 euros. Regularizar no saldrá gratis. El urbanismo ilegal es un problema que afecta a municipios con gobiernos de todos los signos políticos.

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