(Diario de Ibiza, 8/11/2013)

Un año y medio de prisión para Miguel Ángel Martí Miralles por un delito continuado de prevaricación urbanística | También deberá cumplir 8,5 años de inhabilitación profesional | Actuó «con temerario desprecio a la normativa aplicable»

j. ll. ferrer / e. press | ibiza / palma. La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un año y medio de cárcel y a ocho años y medio de inhabilitación para empleo y cargo público al aparejador municipal de Sant Antoni, Miguel Ángel Martí Miralles, como autor de un delito continuado de prevaricación urbanística por dictaminar favorablemente una obra ilegal en suelo protegido en Sant Mateu. La misma sentencia condena a nueve meses de prisión al arquitecto Francesc Negre Rigol y al promotor por la construcción de esta vivienda, que incluía la edificación de una piscina y un sótano. Los acusados deberán demoler las obras ejecutadas, que ocupan en total 305 metros cuadrados.

Según la sentencia dictada por la Sección Primera, los hechos sucedieron después de que el promotor, Frans Wong L.H., adquiriese en 2004 un terreno ubicado en la zona de Can Pou, en Sant Mateu, calificado como suelo rústico no urbanizable, en el que anteriormente había sido construida una vivienda unifamiliar de planta baja y de un total de 40 metros cuadrados.

Un año después, el acusado solicitó permiso de obra para reformar y ampliar el inmueble preexistente, que preveía una ampliación total de 137,9 metros cuadrados con sótano, previa tramitación de un expediente de legalización de la vivienda. En este contexto, el aparejador municipal emitió un informe técnico favorable haciendo constar que el proyecto básico de la reforma cumplía la normativa a sabiendas de que no era así.

Iniciadas las obras por la constructora Wong Ibiza S.L., de la que el promotor es administrador único, este solicitó en 2007 al Ayuntamiento de Sant Antoni permiso para modificar el proyecto básico y de ejecución de la reforma y ampliación de vivienda y piscina, redactado por el arquitecto y también acusado Francisco N.R.

«Absoluto desprecio a la ley»

Tras ello, Miguel Ángel Martí Miralles emitió informe en el que hacía constar que las modificaciones cumplían la ley, «con el más absoluto desprecio a la normativa aplicable, que obligatoriamente debía conocer por razón de su cargo», según la resolución judicial, y más en concreto en relación a la Ley de Espacios Naturales y Régimen Urbanístico, sin contar además con el informe previo necesario de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Ibiza.

Y todo ello, según el tribunal, «a sabiendas de que el proyecto suponía una alteración de la configuración, distribución y funcionalidad que desvirtuaba por completo el proyecto inicial».

Como consecuencia de diversas inspecciones llevadas a cabo sobre el terreno, se constató que la vivienda había sufrido un considerable aumento de volumen y que se estaba construyendo un sótano que no aparecía en la licencia concedida, por lo que en noviembre fue incoado un expediente de disciplina urbanística.

El juicio por este caso tuvo lugar el pasado 16 de enero en Ibiza durante el habitual desplazamiento de la Audiencia Provincial a la isla.

También es el principal acusado del caso ´Cretu´

Martí Miralles podría llegar a ingresar en prisión si es condenado en esta causa; el fiscal pide tres años para él

j. ll. f. | ibiza. Miguel Ángel Martí Miralles conocerá muy pronto una nueva sentencia de cuyo resultado puede depender su propia libertad. El aparejador de Sant Antoni fue juzgado el mes pasado como principal encausado por la licencia ilegal de la casa de Michael Cretu en Santa Agnès, que él informó favorablemente pese a encontrarse en un espacio protegido por la ley.

La Fiscalía de Ibiza solicita para él la mayor de las penas de este juicio, concretamente tres años de prisión y otros tres de inhabilitación para el cargo, así como 21.000 euros de multa.

En el caso de que finalmente la sentencia del caso Cretu le impusiera una pena de prisión, muy probablemente el aparejador municipal debería ingresar en el centro penitenciario de Ibiza para cumplir condena. El juez puede adoptar esta medida, dado que ya tendría antecedentes –la sentencia ahora conocida sobre la obra de Sant Mateu– y, además, se trataría de dos condenas sobre hechos muy parecidos.

Martí Miralles se ha visto envuelto en otras polémicas de índole urbanística recientemente, como el caso de las obras del ex- concejal del PP Vicente Cabezas, que motivaron la dimisión de este último.

La Fiscalía pide siete años de inhabilitación para el exalcalde, Antonio Marí Tur y para la exconcejala de Urbanismo, Blanca Castiella.