(Diario de Mallorca, 30/10/2013)

En octubre de 2008 vendió la finca a un trabajador de la constructora que en 2011 se hizo con la propiedad para saldar la deuda contraída

Josep Capó. Palma El concejal de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Palma, Guillem Navarro afirma que no tiene nada que ver con las obras ilegales realizadas en una finca rústica de sa Casa Blanca, puesto que cuando se realizaron los trabajos sin licencia municipal ya no era de su propiedad, pese a que aún figuraba en el registro oficial.

El concejal explica que obtuvo la finca de un familiar por donación e inició una serie de obras de reforma de las casas que se encontraban en muy mal estado de conservación. Se trata de unos trabajos de escasa cuantía consistentes en el arreglo del tejado, que contaban con la preceptiva licencia municipal. No obstante, debido a la necesidad de realizar una inversión mucho más importante para rehabilitar las casas, decidió vender la propiedad a un conocido que, al mismo tiempo, trabajaba para la empresa constructora Llull Sastre.

Se formalizó un contrato de compraventa privado con esta persona el 17 de octubre de 2008 en el que se estipulaban también las condiciones económicas de la transacción, entre las que figuraba el pago en varias anualidades hasta 100.000 euros. Fue el comprador quien, según Navarro, realizó las obras ilegales que ahora el Ayuntamiento exige su demolición, excepto las ejecutadas por el actual propietario a partir de diciembre de 2011.

La persona que adquirió la finca a Guillem Navarro no cumplió con las condiciones económicas estipuladas en el contrato privado, por lo que el 17 de junio de 2011 acuerdan resolver este contrato con el comprador. Acto seguido el comprador manifiesta que adeuda a la empresa constructora Llull Sastre 320.00 euros correspondientes a las obras realizadas en propiedad cuyo contrato se resuelve, pactándose que Navarro se hace cargo de satisfacer esta deuda dado que "todas las obras aprovechan a la finca".

Retorno por impago

De esta forma, y siempre mediante pactos privados, la finca se retorna a Navarro sin más cargas que las obras expresadas estando al corriente de contribuciones y libre de ocupantes y arrendatarios. Con posterioridad la propiedad de la finca pasa a manos de la constructora en pago a la deuda generada por la persona que la compró al concejal.

El concejal reconoce que si desde el departamento de Urbanismo abren un expediente de infracción contra el propietario responsable de la ejecución de las obras realizadas sin permiso entre 2008 y 2011 se iniciaría contra él, puesto que oficialmente era el dueño de la finca, puesto que el Ayuntamiento no tiene constancia de la existencia del contrato de compraventa privado.

Por ello, anunció que va a remitir esta documentación a Cort con el fin de que, si se debe actuar contra alguien, se haga contra la persona responsable de las obras ilegales que no es otra que a la que vendió la finca.

Asimismo acusó al actual propietario, que también ha realizado obras ilegales sin permiso que debe demoler de querer aprovecharse de su condición de concejal del equipo de gobierno para que influyera en la legalización de las obras ilegales, algo que no ha conseguido.