(Diario de Mallorca, 17/10/2013)

Representantes del GOB y del Colegio de Arquitectos creen que esta "amnistía" no será eficaz

Virginia Eza. Palma La posibilidad de legalizar viviendas en rústico que lleven más de ocho años construidas es el punto que más discrepancias crea respecto al proyecto de Ley del Suelo aprobado el pasado mes por el Govern, tal y como se puso de manifiesto en el debate celebrado ayer en el Club DIARIO de MALLORCA, organizado por la Fundació Gadeso, sobre la nueva legislación que está pendiente de aprobarse en el Parlament. Joan Mesquida y Biel Oliver, director general de Ordenación y Territorio del Govern y vicepresidente de la Caeb respectivamente, defendieron esta medida dado que se trata de edificaciones cuya irregularidad ya ha prescrito. Frente a ellos, Macià Blazquez, del GOB, mostró con claridad su oposición e Ignacio Salas, del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears, puso en duda la propia efectividad de la iniciativa para regularizar estas viviendas, cuyo número exacto se desconoce aunque se calcula que puede haber más de 25.000.

Mesquida resaltó que la Ley del Suelo tiene como único objetivo el de "establecer las reglas del juego en urbanismo", sin entrar en detalles que corresponden a los planes territoriales o planeamientos municipales. En este contexto admitió que la cuestión de la legalización en rústico podía no haberse incluido, pero se optó por hacerlo para dar una vía de solución a viviendas ilegales sobre las que ya no se podía actuar por haber prescrito.

"No se trata de una amnistía, como se dice, porque esa amnistía se produjo cuando se permitió que estuvieran durante años hasta que ya no se podía hacer nada", dijo el director general de Ordenación y Territorio [Nota de Disúrbia: i això és excusa? Nemo propriam turpitudinem allegare potest..., sobre tot quan han existit complicitats administratives]. El vicepresidente de la Caeb también resaltó que se trata de dar la posibilidad de regularizarse a viviendas que ya existen y contra las que no se puede actuar [Nota de Disúrbia: per a situacions així es va inventar precisament la situació de fora d'ordenació, que ara es vol deixar sense efectivitat].

Joan Mesquida, además, recordó que esta regularización exige cumplir unos "requisitos" y supondrá unas "cargas" económicas para el propietario. A ello se añade que la medida no es de aplicación inmediata y que depende de cada consell insular la decisión de aplicarla.

Precisamente esas cargas fue uno de los argumentos de Salas para poner en duda la eficacia de esta medida. "A alguien que le cueste 20.000 euros quizá no lo pueda hacer y al final si se legalizan un 1% de las existentes ya será mucho", dijo el representante del Colegio de Arquitectos quien agregó además la posibilidad de que una legalización con el tiempo puede animar a otros a construir ilegalmente. El representante el GOB incidió en que "curiosamente la Ley del Suelo no entra en cuestiones de rústico salvo para legalizar". Blazquez fue el más crítico con la nueva normativa, a la que acusó de no presentar un modelo de futuro y de formar parte de una "carrera por amnistiar las ilegalidades" como paso final de leyes de otros departamentos cuyo objetivo es salir de la crisis "exprimiendo" el territorio. "La conselleria de Turismo hace más urbanismo que Ordenación del Territorio", afirmó.

La posibilidad de que municipios de más de 10.000 habitantes puedan aprobar definitivamente los planes parciales y especiales, además de modificaciones puntuales, tampoco puso de acuerdo a los participantes en el debate. Mientras que Mesquida y Oliver resaltaron la necesidad de eliminar trabas que mantenían paralizados proyectos ya aprobados, Salas y Blázquez consideraron que debería mantenerse el papel controlador de los consells insulars con los ayuntamientos más pequeños.