Andratx saca a concurso las obras para demoler el edificio ilegal donde viven 18 familias |
(Diario de Mallorca, 9/08/2013)
La convocatoria primará la propuesta económica "más ventajosa para el Ayuntamiento" y fija un presupuesto máximo de 667.260 euros
I.Moure/L. Gutiérrez. Andratx La cuenta atrás para la demolición del conocido como edificio Müller de Andratx, donde viven unas 18 familias, sigue adelante. Uno de los últimos pasos que se han dado es la convocatoria de la licitación del derribo, que tendrá un presupuesto base de 667.260 euros. Sobre este inmueble, situado en el número 47 de la avenida Bartomeu Esteva de Andratx, pesa una sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
Según establecen las bases de la convocatoria, el único criterio que se seguirá para adjudicar el contrato de derribo será el económico, valorándose la "oferta más ventajosa para el Ayuntamiento".
Las empresas interesadas tienen todo el mes de agosto para presentar sus ofertas con el fin de realizar unas obras cuyo plazo de ejecución se fija en un mes, tal y como se recoge en el proyecto de derribo del edificio. El inmueble, conocido como el edificio Müller por el establecimiento que opera en sus bajos, descansa en un sobre suelo rústico, lo suficiente para que el TSJB sentenciara el derribo total de la construcción que actualmente cuenta con más de dos décadas de historia y donde habitan familias trabajadoras.
El litigio tuvo su origen en 1990. Ese año, hubo un primer fallo judicial del TSJB ordenando el derribo, al concluir que una parte del inmueble estaba ubicada sobre suelo no urbanizable, tal y como denunció un particular. Este razonamiento fue ratificado después, en el año 1998, por el Tribunal Supremo. En otras resoluciones posteriores, el TSJB desestimó los intentos del Consistorio de frenar la demolición.
Otra de las cuestiones fundamentales que recoge la sentencia es el realojo las familias del edificio así como los locales comerciales que existen en sus bajos. El mes pasado, el Ayuntamiento ordenó una tasación del inmueble para estudiar la posibilidad de adquirir pisos semejantes en la localidad a cargo de las arcas municipales con el fin de acoger a las familias afectadas. Otra opción que manejaba el Consistorio era alquilar viviendas para acoger a los vecinos provisionalmente hasta culminar una revisión urbanística para regularizar un futuro edificio en esa misma calle.