Campanet: una familia reclama 726.000 euros al consistorio por el derribo de su chalé |
(Diario de Mallorca, 5/08/2013)
Joan Pons. El Ayuntamiento de Campanet tendrá que enfrentarse a una demanda de 726.270 euros que los propietarios de una finca rústica han interpuesto al Consistorio como consecuencia de la demolición que en su día realizó el Consell de Mallorca, de la casa o chalet que se encontraba en este terreno.
Los propietarios de la finca, situada en el polígono 12, muy cerca de las Cuevas de Campanet, concretamente en el Puig de Sant Miquel, han presentado un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento alegando que ellos en su día, en la década de los años noventa, contaban con la correspondiente licencia de obras que el Ayuntamiento les había concedido y que esta no ha sido anulada. No obstante, presuntamente los propietarios de los terrenos se excedieron del permiso autorizado. Y al estar la finca en una zona ANEI, intervino la Agencia de Legalidad Urbanística del Consell que procedió a su derribo en el año 2011. Desde el derribo de la edificación, los propietarios han demandado al consistorio, y ahora, sin esperar la respuesta del Consell Consultiu, se sigue adelante con un contencioso administrativo.
La interpelación que el Ayuntamiento ha elevado al Consell Consultiu, debido a que la cantidad que se reclama es superior a 30.000 euros, todavía no ha recibido respuesta por parte de este organismo, y por lo tanto el Consistorio no ha podido pronunciarse sobre la reclamación.
La finca en cuestión permanece hoy vallada y el lugar que ocupaba la vivienda está recubierto de tierra. Tan solo unas cuantas plantas pueblan el lugar ya que lo restante son encinas y pinos que pueblan el terreno.
Defensa
Hace varios meses que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están recopilando toda la información posible para defender al consistorio, ya que en caso de verse obligado a abonar dicha cantidad supondría un fuerte revés para las arcas municipales. No es la primera vez que el consistorio se enfrenta a una demanda económica ya que tuvo que abonar otra de 300.000 euros motivada por un accidente.