(Diario de Mallorca, 3/08/2013)

j. mora. ­Esta semana ha terminado el plazo otorgado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) para que un vecino de Sóller iniciara las obras de derribo de una nave a medio construir sin que las obras comenzaran. El titular de este edificio puede verse obligado a retornar al ayuntamiento los 500.000 euros que le tuvo que pagar el municipio por haberle dado la licencia de obras que después la revocó.

El TSJB emitió una providencia en la que daba un plazo hasta el 31 de julio para que el dueño del edificio iniciara las obras de derribo. Agentes de la Policía Local y los celadores municipales emitieron sendos informes en los que corroboran que los trabajos no se han llevado a cabo. Ni tan siquiera comenzado. El incumplimiento de la orden judicial abre la vía para que el ayuntamiento pueda reclamar la devolución del dinero que pago al promotor de la obra para que ejecutara los trabajos de demolición y restitución recogidos en una sentencia del Tribunal Supremo [Nota de Disúrbia: no, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears]. Pero el ayuntamiento podría no recurrir a la fuerza. El concejal de Urbanismo, Gabriel Darder, reconoció que ambas partes están negociando un acuerdo "satisfactorio para los intereses del municipio" para que "se hagan las obras y retornen el dinero al municipio".