Imputados de nuevo por la carpintería Alba el aparejador y la secretaria de Sant Josep |
(Diario de Ibiza, 5/07/2013)
La jueza traslada el expediente a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si se debe celebrar juicio contra ambos, el propietario y el exalcalde José Serra
e. r. | ibiza. La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza volvió a imputar a finales de febrero al aparejador municipal de Sant Josep, Julio Blanco, y a la secretaria de la Corporación, María Domingo, por el caso de la carpintería Alba. También se ha imputado al propietario del negocio, que está cerrado desde enero de 2012 en cumplimiento de un mandato judicial. Anteriormente, se había acordado el sobreseimiento provisional de la causa para los tres y se había fijado fecha de juicio solo contra el exalcalde José Serra Escandell (en septiembre, pero se anuló) por supuesta prevaricación.
Sin embargo, los vecinos de la zona de es Pujols, perjudicados por la actividad de la industria, recurrieron el archivo acordado. A mediados del año pasado, la Audiencia Provincial estimó el recurso y anuló la resolución en la que se declaraba el sobreseimiento de la causa para las tres personas referidas y obligaba al juzgado de instancia a dictar «un nuevo auto con todos los pronunciamientos oportunos». Básicamente, la resolución del tribunal consideraba sorprendente que la jueza no hubiera dado respuesta a las razones argumentadas por los vecinos solo por el hecho de ser una jueza sustituta y no ser quien adoptó la resolución recurrida.
Hasta seis delitos
En febrero, la jueza de instrucción emitió un nuevo auto en el que acepta el recurso de la defensa de los vecinos de es Pujols, que ejercen la acusación particular, y señala que los cuatro imputados podrían haber incurrido en los siguientes delitos: desobediencia a la autoridad, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, prevaricación urbanística, falsedad y tráfico de influencias.
La resolución señala que, a raíz de todos los fallos judiciales en torno al cierre de la carpintería, los imputados, presuntamente, «no solo han hecho caso omiso» a los mismos, «sino que además han informado favorablemente concediéndose determinada licencia para el ejercicio de la actividad».
Por todo ello, la jueza ordena la continuación de la tramitación de las diligencias previas y da traslado de la causa al Ministerio Fiscal y, en su caso, a la acusación particular, para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Excepcionalmente, se puede pedir la práctica de diligencias complementarias. Eduard Clavell, abogado de la acusación particular, explica que todavía la Fiscalía no se ha pronunciado.
Los vecinos presentaron la denuncia en los juzgados en 2005, lo que motivó la apertura de las diligencias penales contra los cuatro imputados. Muchos años antes, a mediados de la década de los 90, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dictó dos sentencias que ratificaban la ilegalidad de la carpintería y la denegación de la licencia de actividad y que origino el actual y largo proceso penal.
En el escrito de acusación que la Fiscalía presentó solo contra el exalcalde pedía para este una pena de 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público por dos delitos de prevaricación y la demolición del inmueble El fiscal argumentaba que el alcalde era «totalmente consciente y conocedor» de que el propietario siguió explotando la carpintería ilegal causando además «problemas al vecindario por ruidos y otras causas».
Tolerancia del exalcalde
Recordaba que «en múltiples ocasiones» los afectados habían comunicado a Serra Escandell los problemas que generaba la actividad ilegal y que «pese a ello y conocer que su obligación como alcalde era, por un lado, proceder a la continuación o iniciación del expediente de protección de la legalidad urbanística y, por otro, detener y sancionar una actividad que se estaba ejerciendo sin licencia, toleró la continuación de la misma en el mismo edificio de una forma caprichosa e irrazonada por motivos desconocidos y que contrastaban con la firme actuación de cumplimiento de la legalidad llevada a cabo hasta entonces».