(Diario de Mallorca, 3/07/2013)

El Ayuntamiento tiene diez días de plazo para presentar el proyecto de derribo y tres meses más para adjudicar las obras de dicha demolición

P. C. / L. G. ­El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha otorgado diez de días de plazo para que el Ayuntamiento de Andratx presente ante los magistrados el proyecto de demolición de un edificio ilegal de la avenida Lluís Alemany.

Varios magistrados firman una providencia en la que ordenan al consistorio que antes del 31 de octubre se hayan licitado las obras de demolición; antes del 31 de diciembre hayan comenzado los trabajos y que antes del 30 de junio de 2014 hayan finalizado.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) comunicaba ya el pasado año que no iba a suspender la ejecución de una sentencia que obliga a demoler todo el inmueble porque una parte de su estructura está en suelo no urbanizable, a la vez que instaba al Ayuntamiento a presentar un plan para la ejecución del derribo, "con fechas concretas de realización". El Ayuntamiento optó por intentar recurrir ante el drama humano que supone desalojar las viviendas y realojar a los vecinos.

Se trata de un polémico asunto que lleva arrastrando desde hace dos décadas. Diversas sentencias –incluida una del Tribunal Supremo– han ido dando la razón en este tiempo al denunciante de la irregularidad urbanística. El edificio objeto de litigio tiene una veintena de apartamentos divididos entre tres plantas, está actualmente habitado y cuenta en su parte de abajo con dos locales comerciales, uno de los cuales está cerrado a día de hoy.

La última resolución del TSJB es la continuación de otra providencia que dictó en septiembre, por la cual se pedía al Consistorio andritxol que detallase las actuaciones llevadas a cabo para realizar el derribo.

La información remitida por el representante legal del Ayuntamiento incidía en que la corporación no se había mantenido "inactiva" a la hora de acometer la operación. Y en esa línea informaba de que se había redactado un proyecto de demolición con un coste estimado de 650.717 euros.

Paralelamente, el ayuntamiento de Andratx está tramitando una revisión del ordenamiento urbanístico por el que se podría buscar la legalización a posteriori del edificio, pero, en su última comunicación, el TSJB deja claro que ese cambio de las normas subsidiarias no afecta a la orden de demolición.