(Diario de Ibiza, 8/06/2013)

Rotas hasta en cuatro ocasiones sucesivas las cadenas instaladas por la Policía y la Guardia Civil

J. LL. FERRER | IBIZA. ­Paquita Sánchez, la dueña de la finca Can Lola, en Sant Josep, subió ayer un nuevo peldaño en su escalada delictiva y en su constante desafío a las autoridades al destruir de forma reiterada los precintos colocados el día anterior por la Guardia Civil y la Policía Local, por lo que volvió a ser denunciada ante el juzgado que instruye las diligencias sobre la reiterada desobediencia que está demostrando esta empresaria en el acatamiento de la orden de paralización de las obras emitida por el Ayuntamiento.

Según confirmó ayer el concejal de Urbanismo, Javier Marí, la propiedad destruyó unos precintos tan solo un par de horas después de haber sido colocados, por lo que fueron repuestos –con cadenas de mayor grosor– por la Policía Local. Sin embargo, no se detuvo aquí su desafío, pues la noche del jueves volvió a romper los precintos de otros accesos, que también fueron repuestos por los agentes.

Sin embargo, este periódico comprobó a la mañana siguiente –ayer–, que la propiedad había vuelto a abrir las puertas precintadas. Tras tener conocimiento de ello el Ayuntamiento, la Policía Local volvió a colocar nuevas cadenas. No obstante, a última hora de la tarde los vecinos informaron de que «ya no hay cadenas en las puertas» del complejo.

Al propio tiempo, el equipo de gobierno comunicó los hechos al juzgado que ya investiga las responsabilidades de Paquita Sánchez Ordóñez por haber roto los primeros precintos que en su día colocó la Policía Local (aunque más livianos y sin inutilizar los accesos) en las entradas. El concejal Javier Marí comunicó que, por su parte, la Guardia Civil también ha sido informada de los hechos para que adopte las medidas que crea convenientes dentro de sus propias competencias.

Colaboración de los vecinos

Marí, que rogó a los vecinos de la zona que comuniquen cualquier incidencia al Ayuntamiento para estrechar el cerco sobre esta infractora, informó asimismo de que ha puesto los hechos en conocimiento del Consell de Ibiza, concretamente de la conselleria insular de Turismo, para que active los mecanismos que prevé la ley al objeto de impedir su uso como alojamiento.

De hecho, durante una de las numerosas visitas efectuadas por los agentes en la jornada de ayer, se observó la presencia de un individuo en el interior de la finca, que interpelado por la policía, aseguró ser un «inquilino». Los vecinos aseguraron el pasado fin de semana que Can Lola ya está siendo alquilado a turistas y que algunos han sido vistos paseando por la zona. Pese a esta y muchas otras evidencias de comercialización ilegal, no se tiene constancia de que la conselleria de Turismo del Consell haya efectuado siquiera inspección alguna.

Inspección de Trabajo

Al parecer, la Inspección de Trabajo del Govern balear envió recientemente a la finca a funcionarios para comprobar la situación legal de los empleados que Paquita Sánchez y, según confirmó el Ayuntamiento, también ha requerido al Consistorio para que informe sobre las obras que tiene en marcha esta mujer en el municipio.

El concejal de Urbanismo mostró su indignación por la actitud de esta empresaria y expresó su voluntad de hacer cumplir la ley infringida en esta finca del municipio.

El Ayuntamiento ha empezado a instruir el expediente de demolición de todas las obras de Can Lola, incluyendo cinco edificaciones y dos piscinas, construidas todas ellas sin ninguna licencia y vulnerando todas las normativas. El Consistorio derribará por su cuenta estas construcciones y posteriormente pasará la factura a la propietaria, aunque antes deberá cumplimentarse todo el procedimiento legalmente establecido, empezando por la cuantificación de los trabajos de demolición, la redacción y aprobación del correspondiente proyecto y la adjudicación del mismo a una empresa constructora. Antes de todo ello, sin embargo, se deberá obtener permiso del juez para poder acceder al interior de la finca y elaborar el informe correspondiente, tras la negativa de la empresa a permitir el paso de los técnicos anteayer.