(Diario de Mallorca, 7/06/2013)

j. mora. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado una providencia mediante la cual ordena al propietario de una construcción ilegal que inicie las obras de derribo antes del 31 de julio. De lo contrario, deberá devolver el dinero que percibió del Ayuntamiento para ejecutar los trabajos.

Esta resolución viene a añadir un ingrediente más al largo proceso judicial en el que se enzarzaron los propietarios de esta construcción y el ayuntamiento de Sóller a principios de los años noventa. En su momento, el mismo tribunal falló a favor de los intereses de la propiedad a la que el ayuntamiento tuvo que abonarle 900.000 euros en concepto de indemnización, intereses de demora y coste de demolición y restitución de los terrenos. La partida destinada al derribo asciende a un montante global de medio millón de euros.

Postura de los dueños

Lo cierto es que desde el momento en que la sentencia pasó a ser firme y el Consistorio pagó todo el dinero estipulado en ella, la edificación ha permanecido intacta.

Sus propietarios han alegado que la demolición y restitución de las edificaciones anejas para dejarlas en su estado original no pueden realizarse por, supuestamente, no estar amparadas por el Plan General de Sóller.

La cuestión es que el Ayuntamiento remitió recientemente al TSJB un escrito informando que el demandante no había cumplido su parte de la sentencia.

Por ello, el mismo tribunal ha emitido la providencia en la que ordena la ejecución de las obras que deberán iniciarse antes del 31 de julio. De lo contrario, señala el mismo escrito, la parte actora deberá devolver el medio millón de euros que cobró del Consistorio para ejecutar los trabajos que están sin hacer.