(Diario de Ibiza, 7/06/2013)

La dueña impidió anteayer a los técnicos hacer el informe para el proyecto de derribo. Paquita Sánchez Ordóñez se atrinchera en su obra ilegal y niega el paso a cualquier autoridad

J. LL. F. | SANT JOSEP. El paso siguiente en el proceso de restablecimiento de la legalidad iniciado por el Ayuntamiento de Sant Josep en Can Lola consistirá en solicitar un permiso judicial de entrada en propiedad privada para que los técnicos municipales puedan realizar los informes que ayer no pudieron hacer por serles negado el paso por parte de las personas que se encontraban en el interior de la finca.

El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Javier Marí, confirmó que el día anterior técnicos municipales se habían dirigido al lugar para redactar un informe sobre el estado actual de las obras, con vistas a determinar la cuantía de los trabajos de derribo que deberán llevarse a cabo. Sin embargo, «también se les negó el acceso», afirmó Marí, por lo que «se ha decidido solicitar una autorización judicial para entrar en la propiedad».

El examen que realicen los técnicos servirá también para comprobar la apertura de un nuevo pozo sin permiso que fue denunciado por los vecinos recientemente. De hecho, este fin de semana estaban trabajando varios camiones y máquinas de una empresa perforadora en la realización de esta perforada. Ya entonces la dueña de Can Lola impidió que una patrulla de agentes ambientales del Govern balear que se desplazó al lugar pudiera acceder al recinto para comprobar la legalidad de los trabajos. De este modo, teniendo en cuenta el episodio de ayer, ya son tres los días en que la promotora marbellí Paquita Sánchez Ordóñez impide a las autoridades y a las fuerzas del orden entrar en su terreno.

Después de dos meses y medio

La acción desarrollada ayer en este terreno se produce dos meses y medio después de que la reanudación de los trabajos ilegales se hicieran públicos a través de este periódico. Hasta ahora, el equipo de gobierno había preferido no solicitar ayuda a la Guardia Civil y tampoco había decidido ejecutar el derribo previsto en el expediente sancionador de 2010. Sin embargo, en los últimos días el Ayuntamiento ha dado un giro a su actitud y ha adoptado las medidas legalmente establecidas para este tipo de situaciones.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Sant Josep solicita permiso judicial para entrar en una finca particular para proceder al derribo de una obra ilegal. En el caso de la vivienda del Puig d’en Serra, en es Cubells, con orden firme de demolición, proyecto de derribo ya aprobado y empresa adjudicataria. Sin embargo, un trámite judicial de carácter menor mantiene atascado el proceso precisamente en su recta final, sin que el Ayuntamiento de Sant Josep logre aclarar cuándo se materializará la desaparición de una ilegalidad cometida en una cima inedificable de esta zona montañosa. Los ecologistas del GEN dieron entrada este mismo lunes a un escrito en el que exigían al Ayuntamiento la adopción de medidas muy similares a las que finalmente adoptó el equipo de gobierno.