(Diario de Ibiza, 5/06/2013)

El Ayuntamiento demolerá subsidiariamente cinco edificaciones, dos piscinas y una terraza

J. M. L. R. | IBIZA. El Ayuntamiento de Sant Josep notificó ayer por la mañana a la empresa Inversiones Hoteleras Faro S. L., propietaria de Casa Lola, situada en la finca Can Raque (en Davall sa Serra, es Cubells), la ejecución subsidiaria del derribo de las obras ilegales realizadas en esa parcela, así como el inminente precinto de todos los accesos de este terreno rústico. Las entradas serán precintadas el próximo 6 de junio por funcionarios del Consistorio. En esa misma jornada se llevará a cabo la retirada de toda la maquinaria y de los materiales que se encuentren en la obra, según anunció ayer el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

El Consistorio asegura que el de ayer es un paso más del expediente de disciplina urbanística número 17/10 que ya en enero del año 2010 se resolvió con la orden de eliminación de diferentes construcciones. El pasado mes de febrero los propietarios presentaron alegaciones a esa resolución, pero fueron desestimadas el 30 de abril mediante un decreto de la concejalía de Urbanismo que fue notificada a Inversiones Hoteleras Faro S. L. el pasado 10 de mayo.

Como «se hacía caso omiso a la orden» (el pasado fin de semana, y pese a las resoluciones del Ayuntamiento, se comenzó a perforar un pozo de agua potable en el interior de la finca) se procedió ayer a notificar a los propietarios que será el propio Consistorio el que hará cumplir la resolución, que incluye la demolición de buena parte de lo construido ilegalmente, según el Ayuntamiento. De hecho, el edil de Urbanismo y Actividades de Sant Josep, Javier Marí, recordó ayer que «el problema que hay en esa finca es que nunca se ha pedido una licencia». Marí afirma que tras la demolición «quedará poco» en pie.

La lista de lo que el Consistorio ha de destruir es larga: una piscina, una terraza y los cimientos de una construcción de 30 metros cuadrados; un porche y una edificación anexa de 50 metros cuadrados; otra edificación de 50 metros cuadrados ubicada en la zona norte de la parcela, y otras dos edificaciones que forman una L que tienen una superficie de 200 metros cuadrados, así como la estructura de una piscina y de un depósito de aguas situados junto a ella.

Sobre la fecha en que comenzará la demolición, el edil fue cauto: de momento un técnico tiene que valorar y tasar qué hay y qué se ha de demoler. Luego, el derribo se ha de sacar a concurso. El coste, aunque inicialmente lo asuma el Ayuntamiento, se repercutirá posteriormente a la propiedad.

El asunto va, pues, para largo, sobre todo porque la empresa propietaria «ha presentado hace poco un contencioso contra el expediente abierto por el Ayuntamiento», según explicó ayer Javier Marí. [Nota de Disúrbia: voler demolir amb un contenciós en marxa no és precisament aconsellable...]