(Última Hora, 24/05/2013)

Europa Press. El caso Andratx, dividido en más de 70 piezas separadas de  corrupción urbanística, suma una nueva sentencia condenatoria contra  el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, condenado en esta ocasión  por negociaciones prohibidas junto al excelador Jaume Gibert y los  arquitectos Miguel Arenas y María Isabel Seguí, quienes en 2005 se  concertaron en la creación de sociedades a las que de forma ilegal  les fueron otorgadas desde el Ayuntamiento varias licencias de  construcción.

Mediante una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el  Juzgado de lo Penal número 4 de Palma se muestra tajante con la  actuación de los inculpados y, en el caso de Hidalgo, defendido por  Gregorio San José, le achaca haber concedido con la suficiente  celeridad diversos permisos de construcción a las sociedades que  controlaba en la sombra, sin tan siquiera haberse abstenido en  intervenir en los correspondientes expedientes administrativos. En  concreto, le condena al pago de 7.200 euros de multa y a dos años de  suspensión de empleo.

Voluntad de delinquir

El magistrado apunta asimismo con dureza al papel que desempeñó  Arenas, asistido por José Zaforteza, al preguntarse «qué explicación»  tiene su actuación en la constitución de las diversas empresas «si no  la de ayudar a Hidalgo y a Gibert para que no aparezcan sus nombres  en las escrituras notariales y así no alertar sobre la evidente  incompatibilidad que podían tener aquellos». «Si no había ninguna  voluntad de cometer un ilícito, ¿por qué esto no se hizo constar  desde un principio en la escritura de constitución?», insiste el  juez.

«No puede soslayarse que el acusado Miguel Arenas no es una  persona analfabeta», incide el titular del Juzgado recalcando que el  condenado «no engaña a nadie cuando dice que desconocía las  incompatibilidades que pudiesen tener Hidalgo y Gibert». 

De hecho, subraya en esta línea que «cualquier persona media, y  con más razón él, conoce y le es sabido que un alcalde, para más  INRI, permítaseme la expresión, concejal delegado de urbanismo; que  una arquitecta del mismo Ayuntamiento y que un celador del mismo  Ayuntamiento, tienen una más que evidente incompatibilidad para  formar parte de negocios inmobiliarios que van a tener que ser  decididos o informados por ellos, según los casos». 

«Y si esto no fuese así, ¿a qué viene entonces la evidente labor  de ocultación que efectuó  Arenas respecto de la intervención del  alcalde y del celador en la constitución de las sociedades?»,  prosigue el juez reprochando el papel que jugó en los hechos el  arquitecto.

Sociedad

Y es que en concreto, el juez relata cómo Arenas constituyó en  febrero de 2005 la sociedad Sandborg, un tercio de cuyas  participaciones fue ese mismo día transmitido a Hidalgo y otro tercio  a Gibert, lo que facilitaba que éstos dos últimos no figurasen en el  registro mercantil como socios constituyentes. 

La empresa había adquirido a finales de 2004 un solar en la  Avenida S'Almudaina del Puerto de Andratx, donde promovieron la  construcción y venta de apartamentos tras solicitar la pertinente  licencia al Consistorio 'andritxol'. Un expediente que fue tramitado  «con mucha rapidez», según relata la sentencia, después de que  Hidalgo diese las órdenes oportunas a los funcionarios del  departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.

La autorización fue así otorgada por unanimidad de todos sus  miembros el 21 de enero de 2005 en una Junta de Gobierno que presidía  Hidalgo, sin que éste se abstuviese en la votación ni informase a los  demás vocales de la misma que estaba interesado en la concesión por  ser socio de la empresa beneficiaria. Por su parte, Gibert certificó  el final de obra el 30 de junio de 2007.

Segunda operación inmobiliaria

Del mismo modo, y utilizando parte de los beneficios obtenidos con  la venta de los apartamentos de la anterior promoción, fue comprado  otro solar en la calle Gabriel Roca del mismo puerto para dedicarlo a  la promoción inmobiliaria, para lo cual Arenas constituyó la sociedad  Soltoft, siendo socia la también entidad Lageland, representada por  la mujer del arquitecto pero cuyos verdaderos socios eran tanto éste,  Hidalgo y Gibert.

En este contexto, Soltoft, a través de Arenas, solicitó licencia  de obra en el solar adquirido, que como la anterior fue concedida  «con celeridad» por la Junta de Gobierno el 20 de mayo de 2005. La  sentencia precisa que la promoción no llegó a realizarse, aunque el  solar y la licencia fueron vendidos a terceros por un precio mayor al  de la adquisición.

Finalmente, el representante de la sociedad Urbanización Cala  Moragues solicitó autorización para la construcción de una promoción  inmobiliaria en uno de los solares de esa urbanización y cuyo  proyecto básico fue redactado por Arenas. Por su parte, Hidalgo  realizó una opción de compra de dos de los terrenos al administrador  mancomunado de la empresa, ofreciendo participar en este negocio  inmobiliario a Gibert y a la arquitecta municipal María Isabel Seguí,  concertándose «para conseguir con inusitada rapidez sus objetivos».

El magistrado señala que tanto Seguí, a quien condena 3.600 euros  de multa y al decomiso de la cantidad de 24.000 euros del beneficio  obtenido por la comisión del delito, como Gibert reconocieron los  hechos durante la instrucción de esta pieza. Sobre el excelador pesa  la misma pena que la de Seguí mientras que en el caso de Arenas,  defendido por José Zaforteza, el juez le ha impuesto 7.200 euros de  multa.